Anticorrupción envía al Supremo una denuncia contra Irene Montero por su niñera

Nuevo frente judicial contra Pablo Iglesias e Irene Montero por el caso niñera, el escándalo derivado de las denuncias de la exabogada de Podemos, Mónica Carmona, ante el juez Juan José Escalonilla, que investiga la trama Neurona.

La Fiscalía Anticorrupción ha remitido a la del Tribunal Supremo la denuncia presentada por Manos Limpias contra la ministra de Igualdad por el supuesto uso de una asesora suya como niñera de sus hijos.

El Ministerio de Igualdad se niega a contestar las preguntas sobre el caso de la niñera

En un escrito del 6 de abril, Anticorrupción comunica a Manos Limpias que no es competente para asumir esa denuncia, por lo que "se remiten a la Fiscalía del Tribunal Supremo".

Y ello, añade la Fiscalía Anticorrupción, "sin perjuicio de poder presentarlo ante los órganos judiciales que considere competentes al amparo de lo dispuesto en el artículo 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".

La denuncia señala a Montero como autora de los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa y a Teresa Arévalo, estrecha colaboradora de la líder morada que ahora ejerce de asesora en el Ministerio de Igualdad, como cooperadora necesaria.

La ex responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos Mónica Carmona ya había denunciado estos hechos en un escrito enviado al Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid, que investiga la presunta financiación ilegal de la formación política en Neurona.

Manos Limpias apunta a dos hechos relevantes, en primer lugar, "el nombramiento de una asesora por parte de la ministra de Igualdad para funciones de niñera". A este respecto, precisa que Arévalo ostenta desde enero de 2019 un cargo que conlleva un sueldo de 51.946 euros y un nivel 30 en la administración pública, que exige una titulación superior.

Según el Colectivo de Funcionarios Públicos, "no ha quedado acreditado que la denunciada asesora ostente la referida titulación superior, por lo que su nombramiento supone fraude de ley y sería, además de punible, nulo de pleno derecho".

En segundo lugar, ha denunciado "la utilización de una dependencia del Ministerio, esto es, el despacho de la secretaria de la ministra, convertido en una sala de juegos para los hijos de la ministra".

Además, ha solicitado que se interrogue a Montero y Arévalo y que se recaben el contrato de la asesora y su certificado de estudios superiores. También ha reclamado un vídeo publicado el pasado 13 de febrero en el portal de transparencia de Podemos del cumpleaños de la ministra.