12 de Mayo de 2021 Director Antonio Martín Beaumont

× Home España Medios Tribunales Opinión Estilo Chismógrafo Deportes Tecnología Tvcine Economía M. Ambiente ESdiario TV Mundo C. Valenciana Andalucía
La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra.

Belarra provoca el primer incendio a Sánchez y enfada a la Iglesia con Moncloa

El duro ataque de la ministra de Derechos Sociales en su debut en el Congreso como miembro del Gobierno ha provocado un "incidente diplomático" con los obispos que deberá reconducir Calvo.

| J.R.V España

Según reconocen fuentes gubernamentales a ESdiario, el malestar en la Vicepresidencia primera con el debut parlamentario de la nueva ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, es notable.

La sustituta de Pablo Iglesias en el Consejo de Ministros ha provocado el primer incendio interno con un daño colateral añadido: las siempre complicadas relaciones diplomáticas entre Moncloa y la Iglesia. Un dosier del que se lleva encargando desde que Sánchez llegó al Gobierno la vicepresidenta Carmen Calvo.

Calvo sabe de primera mano lo complicado de esas alambicadas relaciones diplomáticas con el Vaticano y lo comprobó personalmente durante el convulso trámite para la exhumación de los restos de Franco y la batalla abierta entre el Ejecutivo y los monjes de la abadía del Valle de los Caídos.

Ahora, Belarra ha enrarecido de nuevo las relaciones del Gobierno con la Iglesia tras su ataque indiscriminado desde la tribunal del Congreso al papel de los religiosos en los casos de abusos sexuales.

Durante el debate de la Ley de la Infancia, Belarra acusó a la institución eclesial de "complicidad" con los agresores. "La Iglesia católica que ha sido cómplice demasiadas veces con la violencia sexual hacia los niños. Y esto tiene que terminar", elevó la voz desde la tribuna.

La respuesta de los obispos españoles no se ha hecho esperar. 24 horas después y vía comunicado -un mecanismo no habitual en la Conferencia Episcopal-los obispos han replicado sin recurrir al siempre ambiguo lenguaje diplomático de la Iglesia. Por que, claros y contundentes, lo han sido. Acusándo a Belarra de lanzar una "acusación gravemente injusta".

"La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, señaló a la Iglesia como cómplice de esos abusos por encubrimiento. Es una acusación gravemente injusta que pretende ensuciar la actividad de millones de personas durante décadas y que no se corresponde en absoluto con la verdad", replica la CE.

 

Los obispos recuerdan al Gobierno que la Iglesia ya inició ya en 2002 "un largo proceso de actualización de sus protocolos" y "su código de derecho especialmente en cuestiones de prescripción de esos delitos y de prevención de abusos en el presente y en el futuro, aspectos que ahora incorpora la legislación española".

"Como parte de su misión, la Iglesia está firmemente comprometida en la promoción integral de los menores y desarrolla miles de iniciativas cada año que buscan formarlos en valores tan relevantes como la solidaridad, el respeto a la diferencia, el servicio al bien común o el cuidado del entorno según los principios del humanismo cristiano", responden los obispos a la ministra de Podemos.

 

 

Carmen Calvo, junto al secretario de Estado del Vaticano, en su primera visita a la Santa Sede.

 

Pero es a continuación cuando la Conferencia Episcopal endurece su réplica a Belarra a la que acusa de "un rancio anticlericalismo".

"En este fin trabajan miles de laicos, sacerdotes y religiosos con esfuerzo, capacitación, dedicación y responsabilidad. Su trabajo no puede quedar empañado ni por las acciones de algunos de sus miembros que son indignos de ese trabajo ni por las apreciaciones de los políticos que, presas de un rancio anticlericalismo, utilizan a la Iglesia para la confrontación política en una estrategia de ruptura y confrontación", advierten.

Y por los canales habituales, los obispos ya han hecho llegar a su interlocutora habitual, la vicepresidenta Carmen Calvo, la indignación que las palabras de Belarra han provocado. Más aún por que buena parte de las relaciones entre el Estado y la Conferencia Episcopal -por ejemplo las subvenciones- dependen del Ministerio de Derechos Sociales.