ERC sigue en su presión a Sánchez pensando en su próximo asalto: el referéndum

ERC confirmó este miércoles el guión sobre la malversación adelantado por Pedro Sánchez en los festejos oficiales de la Constitución. Los republicanos presentarán este viernes en el Congreso la enmienda para reformar ese delito dentro de la modificación del Código Penal para derogar la sedición. Una nueva exigencia independentista puesta sobre la mesa de negociación bilateral que asume el Gobierno de Sánchez, que acepta todo lo que proponen sus socios para seguir manteniéndose en el poder hasta el final.

La propuesta que presentará Esquerra Republicana para reformar el delito de malversación en el Código Penal contempla dejar en sólo 4 años de cárcel la pena cuando los condenados no se hayan lucrado con el desvío de fondos. Esta reducción del castigo a prisión comportaría automáticamente idéntica rebaja de la pena de inhabilitación como cargo público que, en el caso de los condenados del procés, no fue alterada por los indultos. Eso eliminaría el último obstáculo para que Oriol Junqueras y el resto de condenados pudieran presentarse a las próximas elecciones.

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Para defender este cambio, Tanto Sánchez como sus ministras insisten en que sólo hay corrupción cuando existe "enriquecimiento propio". Por eso, el presidente aseguraba el martes que "hagamos lo que hagamos" no habrá "un retroceso en materia de lucha contra la corrupción". 

Esta rebaja de la malversación, que el Congreso podría aprobar antes de que acabe el año, beneficiaría a decenas de cargos públicos en toda Cataluña que están a la espera de juicio por su participación en el 'procés' y en el referéndum ilegal del 1-O.

Pese al malestar que genera en el PSOE, incluso las dudas que suscita entre los socios de gobernabilidad, el presidente del Gobierno acelera la agenda legislativa más polémica para despejar el horizonte, antes de fin de año, de los asuntos que pueden generar desgaste.

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Aunque la reforma se ha intentado alejar lo máximo de las elecciones locales y autonómicas de mayo, las primeras de un año que se cerrará con generales, el malestar es sonoro entre los barones socialistas. Ninguno de los nueve al frente de ejecutivos se ha pronunciado sobre la reforma del delito de malversación, ni siquiera Emiliano García-Page y Javier Lambán, muy críticos con la derogación de la sedición. 

Por ende, el siguiente objetivo para una futura próxima legislatura está bien claro: la convocatoria de un referéndum de autodeterminación pactado con el Ejecutivo, tal y como se sostiene de manera repetida desde ERC y confirmó el propio presidente Pere Aragonès el mismo día en que se confirmaba la disposición del PSOE en avanzar hacia la derogación de la sedición. Una posibilidad que partidos como PP, Vox y Cs ven más cerca si el socialismo sigue avanzando en el control del Tribunal Constitucional.

El PP pone el grito en el cielo

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha sido el último en las filas del Partido Popular en  poner el grito en el cielo, acusando al presidente del Gobierno de ceder ante ERC con la modificación del delito de malversación con el objetivo de "seguir en el poder".

"Lo peor es que se plantee modificar este concepto por intereses partidistas y para mantenerse en el Gobierno. Creo que España no se merece un presidente que haga lo que sea necesario y renuncie a principios fundamentales de su país por seguir en la Moncloa", ha declarado Bravo.

Bravo ha asegurado que "la malversación está bien diseñada" en el Código Penal, en referencia al último de los regalos de Sánchez a los independentistas, y ha criticado los argumentos que está empleando el Ejecutivo para justificar el cambio de ese delito. "Hemos entrado en una dinámica en la que se dice 'oiga es que si no se ha beneficiado directamente...' No, escuche, el dinero público es sagrado y se tiene que gestionar de la mejor manera posible", ha enfatizado.