Jaque a Moncloa: denuncia penal al Gobierno de Sánchez por fraude electoral

La Asociación Plataforma Elecciones Transparentes (APET) y el partido político Progresistas contra la corrupción (PCLC), han denunciado el fraude electoral en las Elecciones Generales de 2023 (23J), ante el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. Lo que le faltaba ahora a La Moncloa, que todavía está lidiando con los escándalos de presunta corrupción en el Gobierno, en el PSOE y las sospechas e investigación judicial abierta sobre los negocios de Begoña Gómez, la esposa del presidente.

La denuncia, a la que ha tenido acceso ESdiario, afecta de lleno al Ejecutivo de Pedro Sánchez y a los Delegados y Subdelegados del Gobierno y va dirigida nominalmente contra Carmen López García, directora General de Política Interior, por preparar y posibilitar el fraude electoral de 2023, mediante el Pliego de prescripciones técnicas, cometido por los Delegados y Subdelegados del Gobierno, en las distintas Comunidades Autónomas y Provincias, así como a la empresa Indra por crear una plataforma técnica diseñada para el fraude electoral.

La denuncia se basa en los siguientes puntos:

Las irregularidades en el concurso de adjudicación de la plataforma informática.
La opacidad del Pliego de condiciones (prescripciones) técnicas de dicha plataforma, preparada para el fraude electoral.

La ilegalidad del Pliego de condiciones (prescripciones) técnicas de dicha plataforma, preparada para el fraude electoral, facilitando la actualización constante de los resultados y la posibilidad de modificarlos a los Delegados y Subdelegados del Gobierno. 

La omisión del control de la Administración Electoral de los resultados, advertida por la propia Junta Electoral Central. El Gobierno ha aprovechado que esta omisión se realiza desde el año 2000, aprovechando que se empieza a utilizar una plataforma informática con telemática.

 La inverosimilitud de los resultados de 2023, en comparación de los resultados de las Elecciones Autonómicas y Municipales del 28 de mayo del mismo año (28M), es decir, sólo dos meses antes.

La inverosimilitud de los resultados, en comparación con las encuestas electorales. 

La coincidencia de los resultados con los pronósticos del CIS, cuando éste había sido el que más había errado en otros pronósticos electorales, evidencia que el resultado ya estaba decidido por el Gobierno antes de la votación. Se ha denunciado también a la empresa Indra como colaboradora necesaria para el fraude electoral.

Gobierno Sánchez: gravedad hechos denunciados

Según los demandantes “con esta denuncia se pretende que se investigue el fraude para conocer los funcionarios implicados y que sean condenados, así como presionar para que los 250 miembros de las Juntas Electorales Provinciales, cumplan con sus funciones que son excelentemente remuneradas”.

Explican a ESdiario que “dada la gravedad de los hechos denunciados, sólo el Fiscal General del Estado tiene competencia para tramitar esta denuncia, previa consulta a la Junta de Fiscales de Sala, según el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal”.

Del mismo modo, aseguran que “se ha remitido copia de la denuncia a varias asociaciones policiales, de fiscales y de jueces, así como al Consejo General del Poder Judicial”. 

PCLC está estudiando la posibilidad de denunciar a los 150 magistrados de las 50 Audiencias Provinciales y a los 100 profesores universitarios y catedráticos que han compuesto las Juntas Electorales Provinciales, por no realizar el escrutinio general conforme a la Ley electoral, permitiendo el fraude electoral.

Fuentes jurídicas, consultadas por ESdiario, confirman efectivamente la decisión sobre si prospera o no la denuncia recae en Álvaro García Ortiz por lo que no le auguran “mucho recorrido judicial, por motivos obvios sabiendo cómo actúa el Fiscal General”.