La herencia de Delgado en Moncloa provoca la "chapuza jurídica" permanente

La Ley del sí es sí, el decreto de la comisión del CNI, la Ley Trans, el Estado de Alarma. Si algo tienen en común todas estas iniciativas del Gobierno es que los órganos contitucionales han destapado las carencias jurídicas de sus impulsores políticos. "Las chapuzas, más bien", matiza un exabogado del Estado en conversación con ESdiario.

En apenas dos semanas, el propio Tribunal Constitucional ha sacado los colores a Sánchez, su equipo en Presidencia y al Ministerio de Justicia. Lo ha hecho primero al declarar ilegal la presencia del exvicepresidente Pablo Iglesias y el exjefe de gabinete, Iván Redondo, en la comisión que supervisa a los Servicios Secretos. Directamente los magistrados lo tumbaron por ilegal. Y, más aún, por chapucero al colar el decreto fuera del procedimiento preceptivo.

Lo mismo ha ocurrido con el Estado de Alarma del 14-M, demolido legalmente por el TC por pivotar sobre una previsión constitucional inadecuada. El confinamiento y la restricción de la movilidad debió recibir la cobertura del Estado de Excepción.

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Estos varapalos encadenados, junto con otros informes del CGPJ y el Consejo de Estado afeando las incorreciones de los proyectos legislativos de la coalición PSOE-Podemos, han provocado el estupor en los Servicios Jurídicos del Estado.

Y es que es la Abogacía General, la encargada de prestar asesoría técnica y jurídica a cada ministro en sus iniciativas legislativas. Cabe recordar que estos servicios han sido siempre elogiados por su altísima cualificación y por el rigor y la independencia de sus miembros.

El Constitucional, junto al CGPJ y el Consejo de Estado, han puesto al descubierto en los últimos días las chapuzas jurídicas del Estado.

Las fuentes consultadas por este periódico coinciden en que ese rigor e independencia se han visto seriamente dañados desde el nombramiento de la actual Abogada General, tras la purga que impuso nada más llegar a su cargo la exministra de Justicia, Dolores Delgado. Un dedazo en toda regla que se produjo en junio de 2018, nada más llegar la polémica fiscal al Gobierno tras la moción de censura.

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A Consuelo Castro se le acusa de un "absoluto seguidismo" político del Gobierno, purgando a los subordinados que han redactado informes contrarios a los proyectos salidos del Consejo de Ministros. Más aún, el sector Podemos ha llegado más lejos ingnorando la labor de asesoría de los Servicios Jurídicos públicos encargando sus proyectos de ley a catedráticos o juristas afines a las siglas moradas.

Pero hay más, se la acusa de favorecer los informes favorables a los proyectos del Ejecutivo que llegan a consulta, vetando los más técnicos que han puesto de manifiesto dudas de legalidad o colisiones con otras leyes vigentes. Incluso fallos palpables de redacción.

En Moncloa, no obstante, hay un creciente enfado con Consuelo Castro por los últimos revolcones recibidos. Hay quien incluso plantea que la nueva ministra de Justicia Pilar Llop encare su relevo en el corto plazo.

Pero con esta Abogada General tiene Pedro Sánchez contraída una importante deuda: contra el criterio de su propia cúpula y purgando incluso su Sección de lo Penal- de la que fue defenestrado su entonces responsable, Edmundo Bal-, ha cumplido todos los encargos recibidos: desde no recurrir la sentencia de Estrasburgo contra España y a favor de Arnaldo Otegi para facilitar que pueda volver a ser candidato; hasta el vuelco en su posición en el juicio del procés a favor de los independentistas.

Pero, lo peor para los profesionales de la Abogacía, es el bochorno de depender de un Gobierno y de un Ministerio de Justicia que no deja de recibir una reprimenda tras otra de todos los órganos jurisdiccionales del Estado.

Hasta el punto de ser la comidilla de las más altas instancias judiciales al ver "lo que les llega" desde Moncloa. Entre eso que llega, el propio nombramiento de Dolores Delgado cuya legalidad resolverá el Supremo el próximo 19 de octubre.