| 16 de Septiembre de 2021 Director Antonio Martín Beaumont

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Conde-Pumpido en una imagen de archivo.
Conde-Pumpido en una imagen de archivo.

Conde-Pumpido agrava el cisma en el Constitucional con acusaciones políticas

El magistrado progresista, quien fuera obediente fiscal general del Estado con Zapatero, acusa a sus seis compañeros de crear un "grave problema político" haciéndose caso de Vox.

| A.I.M. España

 

Vuelan cuchillos en el Tribunal Constitucional. El cisma entre los magistrados del máximo intérprete de la Carta Magna provocado por la resolución sobre la inconstitucionalidad del primer estado de alarma es público y notorio. 

La vicepresidenta del tribunal, Encarnación Roca, ha denunciado presiones de Carmen Calvo -cuando ésta era aún vicepresidenta- para que votara lo que le interesaba al Gobierno. Desde dentro también las hubo por parte del presidente del TC, el progresista Juan José González Vivas, que en varias ocasiones pospuso la votación (la última, en el pleno de junio) viendo que el Ejecutivo la perdía. Y ahora lo de Cándido Conde-Pumpido

El que fuera obediente fiscal general del Estado a las órdenes del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero; aquel que acuñó la celebérrima frase "el vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino" cuando el Ejecutivo socialista negociaba con ETA; recrimina ahora a los seis colegas que decantaron la balanza del TC que hayan creado "un grave problema político". 

Así se pronuncia el magistrado progresista en un voto particular a la resolución que misteriosamente fue filtrado este viernes a la prensa. Cuando ni siquiera todos los magistrados del tribunal de garantías habían firmado la sentencia de Pedro González Trevijano. Y cuando nada se sabía, tampoco, de los votos particulares de los otros cuatro magistrados contrarios: Juan José González Vivas, María Luisa Balaguer, Juan Antonio Xiol y Andrés Ollero.

Crea un "grave problema político"

En su voto particular, Conde-Pumpido afirma que la resolución no responde a verdaderos criterios jurídicos, en un claro reproche a su autor, González Trevijano. Y que tampoco resuelve nada, "sino que crea un grave problema político, al desarmar al Estado contra las pandemias, privándole del instrumento que la ley determina expresamente para hacer frente a las crisis sanitarias, el estado de alarma".

Precisamente para evitar eso es por lo que Pablo Casado y su equipo llevan un año pidiendo una Ley de Pandemias, ahora con más fuerza si cabe. 

Conde-Pumpido hace méritos ante el Gobierno de Pedro Sánchez y llega a sostener que el ponente "utiliza un mero atajo argumental (calificar como suspensión una restricción intensa de un derecho fundamental con una argumentación muy pobre) para estimar la inconstitucionalidad de una medida sanitaria solicitada por un partido político - en alusión a Vox- que previamente había apoyado expresamente en el debate y votación parlamentaria de la prórroga", según EP.

En efecto, los de Santiago Abascal votaron a favor de la primera prórroga, transcurridos 15 días del decreto del estado de alarma (después ya no).

El quid de la cuestión ha estado en si, más que limitarlos, lo que hizo el Gobierno en esos primeros meses fue suspender derechos fundamentales de los ciudadanos. Para el exfiscal general ese argumento es inadmisible, "más propio de un lego que del máximo interprete de la Constitución".

En paralelo este viernes se conoció también el contenido de la resolución redactada por González Trevijano que, además de Roca, apoyaron los magistrados Alfredo Montoya, Santiago Martínez Vares, Ricardo Enríquez y Antonio Narváez. A quienes estos días les buscan por todas partes los lazos de sangre con el PP y FAES.

Según ésta, el instrumento debiera haber sido el estado de excepción y no el estado de alarma (de hecho hubo debate en el Gobierno aquellos días sobre cuál de los dos emplear) puesto que la "gravedad y extensión" de la pandemia hizo que el problema trascendiera de lo estrictamente sanitario y se convirtiera en uno de "orden público". 

La resolución califica de "vaciamiento" de derechos lo ocurrido en aquel marzo de 2020 y los meses siguientes, "a menos que se quiera despojar de significado sustantivo alguno al término 'suspensión', parece difícil negar que una norma que prohíbe circular a todas las personas, por cualquier sitio y en cualquier momento, salvo en los casos expresamente considerados como justificados".