La foto que deja a Sánchez KO: un prófugo en 'suelo español' tan campante

Carles Puigdemont resucitó el procés, por si había alguna duda, con una contundente intervención de la que pasó factura a Pedro Sánchez por el respaldo del soberanismo a su moción de censura. Un pletórico expresident, acompañado por Quim Torra en su retorno a Waterloo, exigía al Ejecutivo socialista al que aupó a La Moncloa que le enseñara un plan que pudiera ser de su agrado y le dejaba muy claro por qué y para qué le había ayudado a desalojar a Mariano Rajoy con una moción de censura: "¿Qué ha entendido de su investidura?".

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"Quien tienen deberes pendientes es el presidente Sánchez y esperamos que a la vuelta de vacaciones el presidente Sánchez haya aprovechado el tiempo, porque el periodo de gracia se acaba", explicó.

La factura a Sánchez

Y para no dejar ninguna duda sobre la factura que le estaba pasando a Sánchez por el servicio prestado en la moción de censura, fue aún más claro: "Si uno pide votos para su investidura a diversas familias políticas, lo normal es que se esfuerce un poco para continuar contando con ese apoyo".

Pero hay un detalle que lo hace más grave todo, y a la vez que pone el acento más intensamente en la laxitud del Gobierno para contener y responder los mensajes y las decisiones del soberanismo. Y es que ese discurso de "chantaje", tal y como lo denominó el presidente del PP, Pablo Casado, se hizo en suelo español.

En concreto, en la embajada ante la Unión Europea de la Generalitat en Bruselas, dirigida por otra prófuga, Meritxell Serret; y reabierta con el permiso de La Moncloa, que rechazó una propuesta de Albert Rivera, de Ciudadanos, para que la mantuviera cerrada como ya ocurrió durante la vigencia del artículo 155. 

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"Pedimos al señor Sánchez y al señor Borrell que comuniquen al Gobierno de Cataluña que van a cerrar las embajadas y que no se va a abrir ninguna más. El líder naranja fue especialmente contundente con este asunto hace apenas una semana y recalcó  que las comunidades autónomas "no hacen política exterior" y, sobre todo, las delegaciones de la Generalitat de Cataluña en el extranjero "no tienen que atentar contra los intereses de España", que es lo que asegura que hacen actualmente "con el dinero de los españoles".

Llueve sobre mojado

Ni las exigencias de Rivera ni la réplica de Casado han tenido efecto alguno en el Gobierno socialista, que permanece callado ante unos hechos cuya secuencia resulta muy elocuente: Puigdemont repitió su apuesta por la independencia desde una oficina española, adscrita a la Generalitat, cuyo funcionamiento como altavoz del separatismo no ha tenido ninguna respuesta del mismo Ejecutivo Central que, a más inri, ha aprobado en fechas recientes unos pagos de 1.590 millones de euros extra de rescate a la Generalitat, hasta un total de casi 8.000 en lo que va de 2018.

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Fuentes jurídicas han explicado a Esdiario que la presencia de un prófugo en una oficina de la Generalitat no permite dar una orden de detención a la Policía, pues las instalaciones son españolas a efectos de dependencia institucional pero no tiene el rango diplomático de embajada, que sí tendría la consideración legal de suelo español y, por tanto, hubiese existido la posibilidad incluso de detener al fugado. "Lo que sí se puede hacer es impedir que existan si se dedican a tareas que no son comerciales, como ya se comprobó con el artículo 155", concluyen.