Delgado encarga la causa del Rey a un fiscal de izquierdas cercano a Pumpido

La Fiscalía del Tribunal Supremo se ha hecho cargo de la investigación sobre las presuntas comisiones ilegales en la adjudicación del AVE a La Meca dado que ésta afecta al Rey Juan Carlos I. 

En diciembre de 2018 la Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias para aclarar el destino de 80 millones de euros que, según Corinna Larsen, se repartieron diversos comisionistas por la obra. Entre ellos el monarca emérito. 

La Fiscalía General del Estado explica este lunes en una nota que la investigación se centra en las fechas. Concretamente en delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos que ocurren con posterioridad al mes de junio de 2014, que fue cuando Don Juan Carlos I abdicó en su hijo Felipe y por tanto dejó de estar protegido por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución española reconoce al Jefe del Estado. Pasando a ser aforado ante el Supremo.

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, no ha dejado nada al azar, sino que ha encargado la investigación al fiscal de Sala del Tribunal Supremo de la especialidad de Delitos Económicos, Juan Ignacio Campos. 

El fiscal Juan Ignacio Campos.

Según la Fiscalía, dada la "trascendencia institucional" de esta investigación, Delgado ha elegido al más apropiado. Alguien que tiene un "conocimiento exhaustivo" del Derecho penal económico, además de "dilatada experiencia" como fiscal jefe de una de las secciones penales de la Fiscalía del Tribunal Supremo.

Campos pertenece a la Unión Progresista de Fiscales, la UPF, como la propia Delgado. Una asociación de izquierdas que no oculta sus simpatías hacia el republicanismo. Precisamente con motivo de la abdicación de Juan Carlos I y las manifestaciones que por entonces -en junio de 2014- hubo en Madrid en contra de la Monarquía y a favor de la República, la UPF emitió una nota defendiendo la bandera tricolor de la Segunda República. En tanto que a juicio de sus fiscales asociados significa "una adhesión a los valores supremos consagrados en el artículo 1 de la Constitución". 

El fiscal elegido para dirigir esta investigación, en la que además le ayudarán otros tres fiscales del Supremo, es además un hombre de la confianza de Cándido Conde-Pumpido, quien fuera fiscal general del Estado con José Luis Rodríguez Zapatero.

Fue Conde-Pumpido quien le promocionó como fiscal jefe de la Sala Penal del Tribunal Supremo después de fulminar a Eduardo Torres-Dulce, no sin polémica entonces. Curiosamente, al llegar Mariano Rajoy a La Mocloa Torres-Dulce acabó sustituyendo a Conde-Pumpido como fiscal general del Estado.

La investigación en torno a las cuentas del Rey enmérito, primero de la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía de Suiza y ahora de la Fiscalía del Supremo, han provocado una honda preocupación en la Casa Real.

Allí creen que está en juego no solo la maltrecha imagen de Don Juan Carlos, sino sobre todo la imagen de la Institución. Que es lo que verdaderamente preocupa a Don Felipe y Doña Letizia.

Según publicó en marzo la Tribuna de Ginebra, Juan Carlos I habría recibido 100 millones de euros del Rey de Arabia Saudí, Abdullah bin Adbul Aziz Al Saud, en una cuenta a nombre de la Fundación Lucum. Durante años, y siempre según el mismo diario, sacó dinero de forma regular y en 2012 transfirió lo que quedaba, 65 millones de euros, a Corinna Larsen.

En paralelo, la investigación suiza desempolvó en la Audiencia Nacional la llamada pieza Carol, vinculada a las conversaciones que el comisario Villarejo grabó a la examante del Rey y en las que ésta aseguraba que Don Juan Carlos había cobrado 100 millones de euros en comisiones por el AVE a La Meca. 

Desde el entorno de Don Juan Carlos repiten que jamás cobró una comisión, sino que el dinero fue un regalo del monarca de Arabia Saudí. Es decir, reconocen implícitamente que existió tal dinero y de quién venía, otra cosa es si fue una comisión o un presente de un amigo extremadamente generoso.