| 24 de Marzo de 2024 Director Antonio Martín Beaumont

× Portada España Investigación Opinión Medios Chismógrafo Andalucía Castilla y León Castilla-La Mancha C. Valenciana Economía Deportes Motor Sostenibilidad Estilo esTendencia Salud ESdiario TV Viajar Mundo Suscribirse
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mira a Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mira a Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso.

Sánchez vuelve a pactar con ERC y Bildu para aprobar la ley de vivienda

Pedro Sánchez vuelve a pasar por el aro de sus socios independentistas, con los que han llegado a un acuerdo para aprobar, con sus exigencias, esta norma impulsada en gran parte por Podemos.

| Raúl Puente España

Tras largas negociaciones y después de un año de estancamiento, el Gobierno de Pedro Sánchez ha alcanzado un acuerdo nuevamente con los partidos independentistas en los que se suele apoyar para aprobar sus normas para hacer lo propio con esta nueva Ley de Vivienda. El PSOE y Unidas Podemos vuelven a juntar fuerzas para aprobar en el Congreso esta ley que, entre otras cosas, limita la subida de los alquileres al 2% en 2023 y al 3% en 2024 y rebaja el concepto de gran tenedor de diez a cinco viviendas.

 

Así lo han confirmado de manera conjunta en la sala de prensa del Congreso los portavoces adjuntos de Bildu, Oskar Matute, y ERC, Pilar Valluguera.

Se trata de una de las normativas clave de la legislatura que negociaron PSOE y Unidas Podemos, que han logrado acercar posturas con estas fuerzas del bloque de investidura en las últimas fechas, con un anuncio de pacto que llega casualmente en vísperas de las elecciones del 28M. Esta nueva ley fue uno de los compromisos que alcanzaron los dos socios de coalición en los Presupuestos Generales del Estado para 2021, pero motivó también una intensa negociación donde PSOE y Unidas Podemos tuvieron que limar, como viene siendo habitual, diferencias hasta que se aprobó en el Consejo de Ministros.

 

Otro tira y afloja entre PSOE y Podemos

De hecho, los morados habían lanzado diversos mensajes al PSOE en las últimas fechas, al sostener que la aprobación de la Ley de Vivienda era esencial para que el Ejecutivo de coalición revalidara en el próximo ciclo electoral, algo que desde luego está por ver con lo acontecido en otros temas como la reforma de la ley del solo sí es sí, donde todo apunta a que los socialistas pactarán con el PP para que salga adelante.

 

En medio de otro tira y afloja más entre socios, llegó al Congreso en febrero de 2022 y, tras superar el debate de totalidad en marzo del año pasado, tardó dos meses en que se diera vía libre a la presentación de enmiendas parciales.

En ese trámite de enmiendas volvieron a surgir divergencias dado que Unidas Podemos presentó enmiendas parciales al texto, argumentando que sin incorporar más avances la norma no sería aceptada por ERC y Bildu, cuyo voto era clave para conseguir la tramitación parlamentaria. Sánchez y el PSOE, a pesar de afear en público que se salieran del  marco que se había consensuado, nuevamente volvía a pasar por el aro y ha acabado aceptando las exigencias de los independentistas vascos y catalanes para aprobar la ley de la que, como consecuencia, no está de acuerdo en todos los puntos.

Discrepancias entre socios en puntos clave

Uno de los puntos de discrepancia era la definición de los grandes tenedores de vivienda, que en el texto del Consejo de Ministros se fijó en diez pero en los últimos meses se había llegado a un consenso de rebajar ese umbral y al final se ha decidido dejarlo en cinco.

 

Pero sobre todo el núcleo central que demandaban los aliados de Sánchez era avanzar en el sistema de regulación de precios en zonas de mercado tensionado para que fuera efectivo. En ese aspecto se ha acabado acordando una subida tope del 2% en 2023, un 3% e 2024 y a partir de entonces se creará un nuevo cálculo.

También, a petición de Podemos, Bildu y ERC se dieron avances en materia de paralización de desahucios en familias vulnerables. También exigieron reducir la 'vacatio legis', el periodo de tránsito hasta la aplicación efectiva de la norma, fijada inicialmente en 18 meses.