La niñera de Montero pone a prueba la alianza del PSOE y Podemos en el Congreso

La coherencia del PSOE y su discurso contra la corrupción y en favor de la transparencia va a volver someterse a examen en los próximos días. Los diputados que lidera Adriana Lastra van a tener que retratarse y decidir si vetan o, por el contrario, impulsan una investigación en el Congreso sobre el escándalo de Teresa Arévalo, la asesora del Ministerio de Igualdad supuestamente reconvertida en niñera de Pablo Iglesias e Irene Montero.

El caso que ya está en manos del juez Juan José Escalonilla, que tiene una petición expresa de la Fiscalía para abrir una pieza separada en el marco del caso Neurona, llega ahora al ámbito parlamentario gracias a una iniciativa del PP.

En concreto, los de Pablo Casado han registrado este lunes en la Cámara Baja la solicitud para abrir una comisión de investigación con el fin de que se depuren responsabilidades por el presunto uso de fondos públicos para fines particulares.

Cabe recordar que, tanto a nivel jurídico -a través de los abogados de Podemos- como político, la cúpula morada se ha negado a dar explicaciones detalladas sobre este asunto alegando que se trata de un tema "personal" de Irene Montero.

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Sin embargo, en su petición el PP recuerda que según el informe remitido por la propia exabogada de Podemos, Mónica Carmona, al magistrado Escalonilla, Montero habría utilizado de forma irregular a su asesora, de nivel 30 del Ministerio de Igualdad. Y, como informó ESdiario el pasado 4 de febrero, no ha sido ésa la única vez.

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Además, el PP recuerda también que la denuncia ante el instructor del caso Neurona señalaba a la ministra de Igualdad por haber acondicionado un despacho contiguo al suyo como "sala de juegos" para sus hijos. La Fiscalía de Madrid, de hecho, ya ha solicitado al juez la apertura de una línea de investigación diferenciada de la causa matriz sobre la financiación irregular con la denuncia interpuesta por la exletrada de la formación morada.

Así las cosas, los populares quieren que esa comisión de investigación permita conocer en profundidad cuál ha sido el destino y la finalidad del presupuesto público destinado a Igualdad, concretamente las nóminas de la citada asesora.

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El objetivo, según recalcan en el texto, es conocer si ese dinero se destinó al ejercicio de las labores propias de su cargo, sobre políticas para hacer efectiva la igualdad entre hombres y mujeres, o para ejercer de niñera de la titular del Departamento.

En el PP sostienen que este caso podría suponer "una presunta malversación de caudales públicos", en el tipo penal denominado malversación impropia, puesto que implica "destinar fondos públicos para la satisfacción de necesidades y fines particulares, o podría implicar "responsabilidad por alcance ante el Tribunal de Cuentas por un mal uso de fondos públicos".

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Es por ello que con esta comisión permitiría esclarecer, según los populares, las responsabilidades políticas por los hechos investigados y formular recomendaciones que impidan la repetición de casos similares en un futuro.

Sin embargo, para que ese órgano parlamentario vea la luz -previsiblemente el PP sumará el apoyo de Vox en la Mesa del Congreso- es imprescindible el voto afirmativo de los socialistas. Y en un momento en que la salud de la coalición atraviesa uno de sus momentos más delicados.