Vox es víctima de una insólita campaña de boicot por su papel en el Supremo

Las primeras señales llegaron la semana pasada cuando cobró mayor fuerza que nunca la hipótesis de elecciones generales anticipadas. Paradójicamente, algunas miradas no apuntaron ni al Congreso de los Diputados ni al Palacio de La Moncloa. Se depositaron en la sede del Tribunal Supremo, donde se celebra el juicio contra los golpistas del 1-O. Y más concretamente, sobre Vox, que ejerce la acusación popular en el proceso.

Algunos portavoces de la izquierda política -este jueves lo ha hecho el diputado de Podemos y juez en excedencia, Juan Pedro Yllanes-, han puesto su objetivo en la presencia de los letrados del partido de Santiago Abascal en el estrado de las acusaciones: Pedro Fernández y Javier Ortega-Smith. Con una campaña insólita en marcha.

¿Debe seguir el juicio al coincidir con la campaña electoral de los comicios anticipados que Sánchez ha convocado para el 28 de abril? ¿Debería continuar Vox ejerciendo la acusación popular y a la vez participar en esa campaña política? Son las preguntas que han puesto sobre el tapete algunos dirigentes del PSOE, Podemos, Izquierda Unida, y el PDecAT.

Todos los juristas son unánimes: el Supremo ha legitimido a Vox como acusación popular y su presencia en el jucio es inamovible. Pese a que Yllanes aseguró este pasado jueves que esta presencia de los letrados de la formación de Abascal es "un grave error". Una tesis a la que se ha sumado Carles Campuzano (PDeCAT).

El abogado de Vox sorprende en el juicio con otra nueva acusación que aterra a Junqueras

 

En este sentido, la asociación de jueces Francisco de Vitoria ha advertido que el juicio por el procés no podría suspenderse si el Gobierno de Pedro Sánchez convoca elecciones y la campaña electoral coincide con esta vista oral porque la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) no prevé esta situación como causa de excepción.

El presidente de esta asociación, Raimundo Prado, explica que el juicio contra los líderes independentistas es un "procedimiento penal igual que otro", aunque es cierto que los acusados tienen cierta "relevancia pública", pues la mayoría de ellos son exmiembros de un gobierno autonómico y la expresidenta del Parlament de Cataluña. 

Sin embargo, Prado recuerda que ya se han dado casos en los que se han estado enjuiciando actuaciones presuntamente delictivas cometidas por cargos públicos durante periodos electorales. Recientemente, la recta final del juicio de los ERE coincidió con la campaña electoral de los comicios de Andalucía en diciembre del año pasado.