La mano derecha de Puigdemont, al banquillo por viajar a costa de los catalanes

El entorno de Carles Puigdemont esta cercado por la Justicia. No solo su abogado, Gonzalo Boye, tiene cuentas pendientes por su presunta relación con el narcotráfico, sino que también su mano derecha, Josep Lluís Alay, tendrá que sentarse en el banquillo por pagar, presuntamente, un viaje personal con dinero público.

De hecho, el Juzgado de Instrucción 28 de Barcelona ha acordado abrir juicio contra el director de la Oficina de expresidente de Puigdemont acusado de  los presuntos delitos de malversación y prevaricación. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha explicado que la jueza le mantiene en libertad provisional hasta el juicio, pero le ha impuesto una fianza de 4.732 euros.

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 La jueza dictó el auto con esta decisión el lunes, y desde entonces la defensa y la acusación tienen 10 días para presentar sus escritos argumentando por qué piden una condena o la absolución.

En septiembre, la Audiencia de Barcelona ratificó la decisión de la jueza instructora para cerrar la investigación, en la que la magistrada sospecha que Alay presuntamente usó fondos públicos de la oficina de expresidente para un viaje "personal y particular" a Nueva Caledonia.

Las magistradas de la Audiencia de Barcelona que avalaron llevar el caso a juicio remarcaron que la tarjeta de crédito corporativa de la Generalitat que Alay tenía por su cargo "únicamente debía servir a los únicos efectos de pagos de los desplazamientos (transporte) a través de la agencia de viajes homologada por la Generalitat", y que era competencia de la Conselleria de Presidencia autorizarlo.

Viaje a Nueva Caledonia

Destacaron que el 24 de octubre de 2018 Alay recibió un correo electrónico para promocionar un proyecto de soberanía la semana antes al referéndum en Nueva Caledonia, y que "del contenido de ese correo, se desprende que el viaje fue realizado y pagado con fondos públicos", y que no formaba parte de su trabajo como director de la oficina de Puigdemont sino que era una invitación personal.

Según la investigación, ese viaje costó 4.394,79 euros y se pagó con la partida presupuestaria de la Generalitat pero Alay "en ningún momento indicó la realidad a la que obedecía el viaje en cuestión".