'Mikel Antza', entre aplausos de Bildu, se desvincula del asesinato de Ordóñez

El que fuera 'número uno' de ETA Mikel Albisu, alias 'Mikel Antza', ha negado este martes en la Audiencia Nacional su implicación en el asesinato del teniente de alcalde de San Sebastián Gregorio Ordóñez. Además, ha denunciado que las pruebas que han llevado a su declaración están manipuladas ya que han sido obtenidas mendiante "torturas".

Todo ello, mientras miembros de Sortu y Bildu le recibían a las puertas del juzgado entre aplausos. Es más, Sortu  ha mostrado su "apoyo y solidaridad" al ex jefe de ETA y ha señalado que la "solución" al "conflicto que tenemos con el Estado" pasa porque "Mikel esté con nosotros".

El verdugo de ETA que sentenció a Gregorio Ordóñez, al fin en el banquillo

 Antza se ha negado a declarar a todas las partes, aunque ha leído una declaración inicial en la que ha recordado que ya fue condenado en Francia a 20 años de cárcel por un delito de asociación de malhechores.

El exdirigente etarra ha asegurado que no participó de los hechos ocurridos el 23 de enero de 1995. Además, ha denunciado la manipulación de pruebas obtenidas por tortura a presos vascos, refiriéndose así a parte de la prueba, integrada por informes de inteligencia elaborados por la Guardia Civil que se basan en declaraciones policiales de presos de la banda.

No podrá salir de España

Tras su declaración, celebrada por videoconferencia, se ha celebrado una vistilla para decidir sobre las medidas cautelares planteadas por la acusación popular -ejercida por la Asociación de Víctimas del Terrorismo, la Asociación Dignidad y Justicia y el Partido Popular- y la particular.

Las tres primeras han solicitado que se le prohíba salir de España, la retirada de su pasaporte y la obligación de comparecer quincenalmente ante el juzgado. Por su parte, la Fiscalía ha pedido únicamente que fije la localización de su domicilio en España. 

Finalmente, la Audiencia Nacional ha prohibido salir de España al ex jefe de ETA, que además tendrá que comparecer cada quince días en el Juzgado, según ha informado Aiert Larrarte, abogado del imputado.

Las mismas fuentes han explicado que el procedimiento arrancó en 2015 a instancias de una denuncia presentada por Consuelo Ordóñez cuanto el delito estaba cerca de prescribir. Fue entonces cuando el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz designó como autores intelectuales a Antza, a Miguel Gracia Arregui, 'Iñaki de Rentería' y los también miembros de la antigua cúpula etarra Julián Achurra Egurola, 'Pototo'; José Javier Arizcuren Ruiz, 'Kantauri'; y Juan Luis Aguirre Lete, 'Insuntza'.

El juez Pedraz designó como autores intelectuales a Antza, 'Iñaki de Rentería' y los también miembros de la antigua cúpula etarra  'Pototo',  'Kantauri' e 'Insuntza'.

Pese a que las mismas fuentes señalan que el juez planea llamar como imputado a 'Iñaki de Rentería' pasadas las fiestas navideñas, la declaración de los otros tres autores intelectuales tendrán que esperar puesto que todos ellos se encuentran en la cárcel. Además, Francia todavía tiene que contestar a las ordenes europeas de detención y entrega que permitirían que acudan a sede judicial.

Por estos mismos hechos fueron condenados Juan Ramón Carasatorre, apodado 'Jon' y 'Zapata', Javier García Gaztelu, 'Txapote', y Valentín Lasarte como autores materiales del atentado cometido contra el concejal vasco, a quien dispararon cuando se encontraba almorzando en un bar de la capital donostiarra con la entonces secretaria del Grupo Popular, María San Gil, y otros dos colaboradores.

Además, este mismo martes, la asociación Dignidad y Justicia ha pedido a la Audiencia Nacional "agilidad" y que "persiga" los 65 asesinatos cometidos por la banda terrorista ETA que no habrían prescrito hasta la fecha, y por los que "podría acusarse" a 35 dirigentes de la banda por su participación.

Así lo ha solicitado el portavoz de la asociación, Daniel Portero, en declaraciones a los medios frente a la sede de la Audiencia Nacional en la Plaza de la Villa de París. Cerca de 20 personas, entre ellos representantes del Sindicato Unificado de Policía, han acudido a la concentración convocada por Dignidad y Justicia de forma paralela a la declaración de Antza en San Sebastián.

El etarra, ha recordado Portero, fue "jefe del aparato político durante 12 años" a lo largo de los cuales se perpetraron 90 asesinatos. "Es responsable no solamente del asesinato de Gregorio Ordóñez, sino de muchas otras víctimas, entre ellas mi padre", ha lamentado.

Pero, además, Antza "fue el redactor de la ponencia Oldartzen", en la que se estableció la "normalización del sufrimiento" y a partir de la cual "cambió el criterio" a la hora de asesinar. "Se acabó el asesinar a policías y guardias civiles. Ahora también a políticos, jueces, fiscales, periodistas, cualquier persona influyente. Lo que pretendían era la eliminación sistemática de la población", ha insistido.

El objetivo de las víctimas es evitar la prescripción

Su presencia ante el juez Alejandro Abascal llega a consecuencia, ha sostenido Portero, de las "actuaciones" que la asociación inició a principios de noviembre, y que busca abrir una nueva "vía". "Las víctimas tenemos un cronómetro que son 20 años de prescripción. Tenemos como año tope el 2001, estamos en periodo de descuento", ha explicado.

Con esta serie de escritos dirigidos a la Audiencia Nacional, Dignidad y Justicia pretende que se persiga al autor intelectual si no es posible localizar al que ejecutó la orden. "La vía de autoría inmediata no necesita que el jefe de la orden. Es el hecho de que el jefe de ETA no evitara el atentado. Esa es la vía que estamos abriendo", ha señalado.

Así, Portero ha celebrado que ya haya "dos juzgados" -el Central de Instrucción Número 1 y 5- los que hayan "iniciado" el camino para perseguir a los autores de esos crímenes. "Animamos a todos los Juzgados de Instrucción a continuar con esta labor. Entendemos que es el camino para la resolución de, cómo mínimo, 65 asesinatos", ha añadido.

376 asesinatos pendientes de esclarecer

A su juicio, se trata de un "día importante puesto que la Audiencia Nacional" ha retomado "la persecución de los autores de corbata", aquellos que están detrás de los que ejecutaron la orden y que asesinaron a sus familiares.

En este contexto, el portavoz ha insistido en que el número de asesinatos de ETA sin resolver asciende a 376, muchos de los cuales habrían prescrito al haber transcurrido más de 20 años desde que acontecieron.

Además, Portero ha recalcado que "la preocupación del colectivo" de ex miembros de ETA (EPPK) debe llevar a los magistrados a tomar "medidas cautelares para evitar la fuga" de los etarras. "Y recordar una cosa: las víctimas sin justicia es lo peor que puede ocurrir en una sociedad", ha zanjado.

Preguntado por el recibimiento de Sortu y EH Bildu a Antza, el portavoz ha criticado que otros exjefes de ETA que ya han cumplido condena y miembros de la extinta Batasuna se estén "protegiendo las espaldas". 

"Dirán que (España) es un Estado represor que persigue judicialmente a personas que han cumplido condena. Mikel Antza por 90 asesinatos no ha cumplido un solo año. Sólo por asociación de malhechores, que supone su pertenencia a banda. No ha cumplido ni una sola condena por los asesinatos a sus espaldas", ha zanjado.