Cataluña fríe a sus ciudadanos con una pila de impuestos inventados y quiere más

El plantón de Pere Aragonés a la Conferencia de Presidentes no le pasa factura: este lunes se verá a solas con Pedro Sánchez, para profundizar en cesiones que, según todas las previsiones, pueden incluir incluso la gestión del aeropuerto del Prat. Y nuevas transferencias fiscales parecidas a las que ya tiene el País Vasco, el otro gran privilegiado por el Gobierno de España.

Curiosamente, la Generalitat recibirá más obsequios para mantener una gestión institucional, política y económica que ya está marcada por una asfixiante presión fiscal a los catalanes, los españoles que más impuestos pagan a su Autonomía: pese a ello, el debate fiscal apenas roza esa evidencia y se enroca en el caso de Madrid, ejemplo de lo contrario.

Sánchez y Aragonés ni se quieren, ni se fían, pero se necesitan

 La llamada "armonización fiscal" entre comunidades es una de las prioridades del Gobierno, una medida que limita la posibilidad de maniobrar a las regiones y a la vez se inmiscuye en una de sus competencias, pero que no es más que un intento de poner trabas a la Comunidad de Madrid, comprometida con una bajada de impuestos que está dando buenos resultados, ya que, además de atraer inversores, ha colocado a la región por delante del Cataluña en cuanto a su PIB.

Por ello, los líderes madrileños ya han avisado de que en el caso de que se lleve a cabo dicha armonización fiscal, acudirán al Tribunal Constitucional para "defender que no se suban los impuestos a los madrileños".

Fue la propia presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, la que tras su reunión con Pedro Sánchez avisó de que con el dinero de los madrileños no se iba a pagar la "fiesta" y alertó de que "no se puede crear una fiscalidad a la carta para contentar a los independentistas. Para que un empresario vuelva a contratar en Cataluña, no solo se tienen que eliminar impuestos propios, inventados, sino que se tiene que restaurar la convivencia, la seguridad jurídica, la colaboración pública-privada y la escolarización en español".

Y es que, mientras que en Madrid solo se han puesto en marcha tres tasas puramente autonómicas: el Impuesto sobre la instalación de máquinas en establecimientos de hostelería autorizados, el Impuesto sobre depósito de residuos y el Recargo sobre el Impuesto sobre Actividades Económicas, en Cataluña son 15 figuras 'inventadas' como dijo Ayuso.

15 impuestos catalanes

La gestión de residuos lleva aparejada al menos cuatro tasas: el Canon sobre la incineración de residuos municipales; el Canon sobre la deposición de residuos municipales; el Canon sobre la deposición controlada de residuos de la construcción; y el Canon sobre la deposición controlada de residuos industriales.

También la tenencia de viviendas en propiedad tienen varias 'penalizaciones' en función de su uso, ya que tienen un impuesto sobre las viviendas vacías y otro sobre los activos no productivos de las personas jurídicas. Además, el turismo también tiene 'recargo' debido al impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos.

La llamada 'fiscalidad verde' también tiene un capítulo bien desarrollado en tierras catalanas, acumulando más tasas, como la impuesta sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida por la aviación comercial; sobre la emisión de gases y partículas a la atmósfera producida por la industria; sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica; y otra aún más genérica destinada a las instalaciones que inciden en el Medio ambiente.

Además los catalanes tienen que lidiar con el gravamen de protección civil, su canon del agua, el impuesto sobre grandes establecimientos comerciales y el impuesto sobre bebidas azucaradas envasadas.

El infierno fiscal catalán

Por todo ello, Cataluña se ha convertido en un infierno fiscal para los inversores, frente a Madrid que ya ha avisado que no permitirá una intromisión en sus cuentas por parte del Gobierno, de hecho, cualquier recurso en este sentido tiene visos de prosperar.

De hecho, la propia Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autonómicas, deja claro que "las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de las competencias que, de acuerdo con la Constitución, les atribuyan las Leyes y sus respectivos estatutos", algo que también se recoge en la Ley 30/1983, de 28 de diciembre, reguladora de la cesión de tributos del Estado a las Comunidades Autónomas.

Por ello, el Gobierno tendría que modificar ambas normas para poder llevar a cabo su deseada "armonización fiscal" y poder, así cumplir con su plan de impedir que Ayuso lleve a cabo las políticas impositivas que hasta ahora han dado muy buenos resultados.