Politólogo defiende la legalidad de la intervención de Trump en Venezuela desde el derecho internacional
Álvaro Aranda argumenta que, tras el fracaso de sanciones y vías diplomáticas, la acción de EEUU es legítima para proteger derechos humanos frente a un régimen ilegítimo
El politólogo y abogado Álvaro Aranda ha realizado un detallado análisis desde la perspectiva del derecho internacional sobre la intervención de Estados Unidos en Venezuela bajo la administración de Donald Trump, que culminó en la captura de Nicolás Maduro. En un vídeo publicado por ESdiario TV, Aranda defiende que esta acción no constituye una agresión, sino una medida de protección legítima ante un gobierno que ha perdido toda legitimidad legal y moral.
Aranda califica al régimen chavista como un gobierno sin base legítima debido a la represión sistemática, desapariciones, ejecuciones y el no reconocimiento de resultados electorales. En sus palabras textuales, "cuando un gobierno reprime a su población civil, pierde legitimidad moral. Y esto lo hizo Nicolás Maduro. Cuando un gobierno no acepta los resultados electorales y realiza un autogolpe, pierde su legitimidad moral. Y esto es lo que hizo Nicolás Maduro con la victoria de Edmundo González Urrutia. Estamos ante un gobierno sin legitimidad moral ni legal y, por lo tanto, es un gobierno totalmente ilegítimo".
El experto explica que las respuestas tradicionales del derecho internacional ante violaciones masivas de derechos humanos —como sanciones internacionales, operaciones de mantenimiento de la paz y, finalmente, intervención militar— han sido agotadas en el caso venezolano. Las sanciones impuestas en años como 2014, 2017, 2019, 2020 y 2024 no lograron detener la represión, sino que, según estudios citados por Aranda (de autores como Joseph Wright, Abel Escribà, Hufbauer, Pape y Drezner), incluso la incrementaron.
Respecto a las operaciones de paz (los llamados "Cascos Azules") de la ONU, Aranda destaca sus limitaciones: requieren aprobación del Consejo de Seguridad (donde vetos como el de Rusia o China lo impiden), aceptación del país infractor y han fallado en casos históricos como el genocidio de Ruanda. Por ello, argumenta que se llega al último recurso: "El artículo 42 de la Carta de las Naciones Unidas establece que la guerra aprobada por el Consejo de Seguridad es legítima cuando las sanciones internacionales y todos los demás medios diplomáticos han fallado". Además, invoca el Artículo 51 de la Carta de la ONU, que reconoce el derecho a la legítima defensa individual o colectiva.
Aranda recurre a la teoría de la "guerra justa" (de pensadores como Cicerón, Tomás de Aquino, Francisco de Vitoria y Michael Walzer) para justificar la intervención como defensa de inocentes ante muerte injusta y frente a gobiernos inhumanos. Enfatiza que "la intervención en defensa de los derechos humanos de los civiles no es agresión, es protección de esta población".
También menciona la condición de Venezuela como narco-estado, lo que otorga a otros países el derecho a defenderse. A su juicio' "estos enemigos tienen el derecho a defenderse contra este narco-estado que usa drogas contra ellos". Finalmente, basa la legitimidad en la soberanía popular según John Locke: la soberanía reside en los ciudadanos, no en gobiernos ilegítimos, y los tratados internacionales se hacen con el pueblo.
Aranda concluye con una advertencia ética: "La historia juzga duramente a aquellos que pudieron actuar y no lo hicieron". Además, rechaza la complicidad de la inacción, ya que entiende que "si la comunidad internacional no hace nada, no está siendo prudente, está siendo cómplice".