Giro político
Delcy Rodríguez promulga la amnistía que podría liberar a centenares de presos políticos en Venezuela
El texto deja fuera delitos vinculados a acciones armadas y no contempla la restitución de derechos políticos ni bienes incautados
Delcy Rodriguez
La Asamblea Nacional dio luz verde este jueves a la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, una normativa de 16 artículos que busca descomprimir la crisis política acumulada durante más de un cuarto de siglo. La promulgación fue inmediata, en un gesto orientado a acelerar la aplicación del beneficio para detenidos y exiliados.
La medida incluye 13 grandes episodios ocurridos desde el inicio del proceso bolivariano en 1999: la crisis institucional de 2002, protestas y conflictos electorales en distintos ciclos presidenciales, los picos de violencia registrados en 2017, los acontecimientos derivados de la autoproclamación opositora de 2019 y las manifestaciones posteriores a los comicios de 2024.
El consenso parlamentario, sin embargo, no estuvo exento de tensiones. Sectores del oficialismo lograron excluir de la amnistía a militares condenados por rebelión y a quienes sean señalados por financiar o facilitar acciones armadas contra el Estado, una cláusula que podría generar nuevas controversias.
Mundo
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Patricia Rodríguez Corchado
Una apuesta por la distensión en medio de presiones externas
La aprobación se produjo en un contexto político excepcional, pocas semanas después de los hechos del 3 de enero que desembocaron en la salida forzada de Nicolás Maduro y horas después de la visita del jefe del Comando Sur de Estados Unidos a Caracas. El proceso forma parte de una hoja de ruta que combina compromisos de estabilización institucional y acuerdos estratégicos en materia energética.
La ley establece que solo podrán acogerse quienes hayan cesado en las conductas consideradas punibles. Los solicitantes que se encuentren en el exterior podrán gestionar el beneficio a través de representación legal y no podrán ser detenidos mientras dure el trámite.
Aunque el Gobierno defiende la normativa como un paso hacia el reencuentro nacional, la ausencia de restitución de bienes confiscados, la continuidad de inhabilitaciones políticas y la exclusión de ciertos delitos mantienen abierto el debate sobre si esta amnistía marcará realmente el inicio de una nueva etapa o si apenas representará una tregua en una confrontación de larga data