| 24 de Mayo de 2022 Director Antonio Martín Beaumont

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La vicepresidenta Nadia Calviño.
La vicepresidenta Nadia Calviño.

Gamarra pregunta a Calviño cuándo autorizó firmas cazayudas como la de su marido

El PP amplía la petición de datos sobre el escándalo destapado hace una semana por ESdiario sobre el Kit Digital.

| Francisco Mercado Investigación

 

La investigación del PP para esclarecer el escándalo destapado hace una semana por ESdiario, los nexos con Nadia Calviño de una firma cazaayudas de Asuntos Económicos dirigida por su esposo, cobra brío.

La propia portavoz parlamentaria popular, Cuca Gamarra, ha exigido al Gobierno por escrito el listado de agentes digitalizadores acreditados por el departamento que dirige la vicepresidenta económica. No en vano, Beedigital, que dirige Ignacio Manrique de Lara, marido de Calviño, se oferta como tal intermediario oficial tanto para captar ayudas como para facturarlas previa digitalización del empresario beneficiado con las subvenciones que están en juego, 3.000 millones de euros de fondos europeos del programa Kit Digital.

El escrito exige que se informe en qué fecha presentaron sus candidaturas los aspirantes a agente digitalizador y en qué fecha fueron aceptadas sus solicitudes de adhesión. Tal gestión de repartir licencia de agente digitalizador, como la entrega de fondos, recae en el organismo público Red.es, adscrito a Asuntos Económicos, cuyo titular es Calviño.

Con esa foto, el PP dispondrá de una información esencial para retratar con qué prontitud, si es el caso, fue autorizada Beedigital a constituirse en forzoso intermediario para recibir unas ayudas para digitalizar a pymes y autónomos que, paradójicamente, no las cobran, sino que forzosamente han de cederlas a la empresa del marido de Calviño o similares.

No les puede digitalizar ni un experto propio ni cualquier empresa del mercado, sino las seleccionadas por el equipo de Calviño. Sin ellas no hay ayuda, sin ellas no hay digitalización. Amén de cederles el "bono digital", la ayuda europea que reparte la vicepresidenta primera, el empresario debe pagar al agente digitalizador cualquier otro coste no subvencionable. Por ejemplo, labores de asesoría para captar las ayudas y cualquier exceso en el coste de la digitalización sobre la subvención tasada.

De ahí que el verdadero negocio del Kit Digital sea para los agentes digitalizadores como Beedigital: un empresario puede recibir aportación tecnológica (no dinero) por valor de unas pocas ayudas, pero el agente digitalizador no sólo recauda las subvenciones de una firma, sino tantas como sociedades digitalice. No tiene límite.

Y no es mal reclamo publicitario a efectos de gestionar la captación de ayudas de Calviño saber que Beedigital tiene entre sus activos a su esposo como director de markéting. Nada puede inspirar más confianza en el empresario que quiere tocar a la puerta de un ministerio como Asuntos Económicos.

La foto política para el PP es obvia. Sin añadir la última novedad aportada por Esdiario: que el dueño último de Beedigital radica en un fondo opaco de Luxemburgo que apenas paga al fisco del ducado, y, por añadidura, se desconoce qué datos puede tener la Agencia Tributaria en España sobre sus socios no identificados.

El listado de accionistas no es público. Los populares en privado ironizan: "¿Qué habría sucedido si una ministra del PP concediese ayudas a una firma de su esposo y sin esconderse? Ella hace el decreto sobre las ayudas y la empresa del marido se oferta para conseguirlas. ¿Qué diría Sánchez?".

La gravedad ya no sólo reside en el papel del marido de Calviño, de Beedigital, y de la vicepresidenta económica. España no sabe quiénes son los agentes nominalmente premiados con la bonoloto digital de la vicepresidenta y, en el caso de Beedigital, tampoco está al alcance del ciudadano y de la oposición saber quién es el accionista que desde Luxemburgo hace negocio a costa de unas ayudas nacidas y vendidas para resucitar la economía española.

Un Gobierno tan propenso a investigar cuentas de hace décadas del emérito no parece ruborizarse ante negocios de hoy hechos con dinero público desde un paraíso fiscal de facto.