| 04 de Diciembre de 2022 Director Antonio Martín Beaumont

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Nadia Calviño sigue atrapada por los negocios de su marido.
Nadia Calviño sigue atrapada por los negocios de su marido.

Hacienda ve amaño en el contrato de la empresa del marido de Calviño con Escrivá

BeeDigital determinó “la oferta de los licitadores, ya que las prestaciones que suponen un tercio o la mitad del presupuesto del contrato [con Seguridad Social] sólo las podía realizar ella"

| Francisco Mercado Investigación

 


Hacienda apunta que el contrato de un millón de euros para mejorar la reputación de la Seguridad Social en 2019  y 2020 se gestó de tal manera que predeterminó su adjudicación a Páginas Amarillas Soluciones Digitales (PASD), de la que es directivo el marido de Nadia Calviño. Señala que “la forma de determinar el objeto del contrato afectó a la contratación de la matriz de Beedigital”.

Incluso si hubiera perdido, milagro al monopolizar un requisito (publicarlo en papel en páginas amarillas y blancas), la ganadora debía subcontratarla. Anticorrupción, que vio “demoledoras evidencias” de amaño en cientos de contratos del PP, no ve delito tal adjudicación a medida (según Hacienda) de la empresa del esposo de la vicepresidenta económica.

 
El ministerio de José Luis Escrivá dictó las labores del adjudicatario: análisis de reputación online, publicar en redes, control de información y publicación de los datos en las páginas amarillas y blancas en papel.

Tales guías telefónicas se leían tan poco en pleno contrato que desaparecen en 2021. Casualmente, la empresa que editaba en papel las páginas amarillas y blancas era PASD/Beedigital, que dirige el maridísimo, Ignacio Manrique de Lara.

¿Qué habría hecho Anticorrupción si una licitación exigiese subcontratar a una empresa del esposo de Sáenz de Santamaría o Cospedal durante el mandato del PP? Hoy no ve delito forzar que se subcontrate o gane la única empresa que cumple el retrato dibujado en los pliegos: la del marido de la vicepresidenta económica.

Se presentaron tres empresas. Ofertaron así: Memorándum Multimedia, 443.440 euros; PASD, 440.000 euros; y Servinform, 233.400 euros. El contrato se adjudicó a PASD/Beedigital -tras ser excluida Servinform-, porque fue la que realizó la mejor oferta no incursa en temeridad.

La oferta rechazada por “anormalmente baja” aflora el amaño descrito por Hacienda. “Servinform considera que los costes estimados no cubren suficientemente el coste mínimo total estimado del servicio, no existiría ningún beneficio, ya que no contempla la publicación en papel de los datos de las oficinas de la Seguridad Social, tanto en las páginas amarillas como en las páginas blancas, actividad para la que, además de contar con medios personales, es necesario contratar la publicación con el proveedor del servicio”. Y el proveedor y rival lo dirige el maridísimo.

 

La vicepresidenta económica, junto al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.

 

Servinform cayó porque no subcontrató a PASD. Sólo mejorar la reputación le costaba 233.000 euros. Incluir la publicación en páginas amarillas y blancas sumaría otros 250.000 euros. Y se saldría de precio por arriba. Siempre perdía. Por cara o barata. Era como competir con el BOE y deber publicarlo en el BOE.

Por primera vez, un ministerio exigía por escrito subcontratar a un rival. La Seguridad Social le objetó que “faltaba por justificar la publicación en papel en páginas amarillas y blancas, que dicha actividad la tendría que contratar con un proveedor, y que su precio era de 250.000 euros anuales, es decir, la mitad del precio del contrato”. PASD/BeeDigital facturó por este concepto una cantidad sensiblemente inferior, 144.904 euros. Nadie vio baja temeraria.

Hacienda apunta que el contrato de un millón de euros para mejorar la reputación de la Seguridad Social en 2019 se gestó de tal manera que predeterminó su adjudicación a Páginas Amarillas Soluciones Digitales, de la que es directivo el marido de Calviño.

Y le reprochó que no leyera que debía subcontratar a la firma del marido de Calviño. “En el pliego de prescripciones técnicas figura otra actividad que debe realizar el adjudicatario, la publicación en papel de los datos de las oficinas de la Seguridad Social, tanto en las páginas amarillas como en las páginas blancas, actividad para la que además de contar con medios personales, es necesario contratar la publicación con el proveedor del servicio”.

“En definitiva, esta circunstancia llevaba necesariamente a que el proveedor del servicio con el que tendría que contratar era PASD/BeeDigital, empresa que también se había presentado a la licitación”, denuncia Hacienda.

El ministerio de María Jesús Montero llega a una explosiva conclusión: “PASD/BeeDigital había podido determinar la oferta de los posibles licitadores, ya que las prestaciones que suponen un tercio o la mitad del presupuesto del contrato sólo las podía realizar ella y, en consecuencia, cualquier empresa distinta de ella que pretenda presentarse a la licitación le iba a tener que pedir precio para realizar su oferta. En estas condiciones si PASD/BeeDigital también se presenta a la licitación la está alterando, porque puede determinar el precio ofertado por todos los licitadores”.

Dos contratos en lugar de uno

Hacienda indica que “esta situación se podría haber evitado si se hubieran licitado dos contratos en lugar de uno solo: el primero de ellos para las tres primeras prestaciones y el otro para la publicación en papel en las páginas amarillas y en las páginas blancas. El segundo de ellos se adjudicaría por exclusividad a PASD/BeeDigital previa justificación. En el primero se podría presentar, pero no determinaría la licitación”.

 

¿Qué habría hecho Anticorrupción si una licitación exigiese subcontratar a una empresa del esposo de Sáenz de Santamaría o de Cospedal durante el mandato del PP? Hoy no ve delito forzar que se subcontrate o gane la única empresa que cumple el retrato dibujado en los pliegos: la del marido de la vicepresidenta económica.

La fiscalía descarta que Calviño influyera en Escrivá porque no es subordinado suyo. Tampoco Bárcenas era jefe de Aznar o Rajoy. Pero investigó nexos en sus contratos.