El "caso Moreno" se enmaraña con una trama de narcotráfico dentro del escándalo

El caso Titella, en realidad el caso Moreno, sigue desvelando sorpresas que está destapando la investigación policial sobre el productor televisivo.

Enrique Beltrán, el notario que también fue detenido el pasado 29 junio en el marco de la operación, cobraba de la organización criminal supuestamente dirigida por el productor de televisió un sueldo mensual de 10.000 euros. Su misión: Dar credibilidad a las sociedades pantalla protocolizando operaciones como fedatario público.

Las esperadas primeras palabras de José Luis Moreno tras destaparse las claves de su escándalo

 Así queda reflejado en el atestado policial de su detención, y que describe que su función en la red del ventrílocuo era la de protocolizar aquellas operaciones que el otro cabecilla de la trama, Antonio Aguilera, le presentaba.

Se involucraba "personalmente" en la actividad de la organización, aseveran los agentes, "adquiriendo participaciones sociales y recibiendo nombramientos en los órganos de administración para así conseguir una mayor financiación y de manera más fácil al figurar un notario en las mismas".

Compatido con la red de narcotráfico

Esas sociedades carecían de actividad y eran utilizadas además para llevar a cabo el blanqueo de capitales procedente de la actividad delictiva. Y en el atestado se recuerda que el notario realizaba esta misma actividad para la organización de Carlos José Brambilla Ulloa, quien supuestamente dirigía una red de tráfico de drogas.

La clave de su participación en el entramado radica en que, como notario, Beltrán no exigía la documentación necesaria que justificara las operaciones presentadas por Aguilera -mano derecha de Moreno- Bambrilla y otros miembros, y que él protocolizaba. Protocolizar un documento es la acción por la que un notario público autoriza un documento o un acto dentro de un instrumento notarial y lo incorpora a una escritura matriz.

Explican además que el hecho de que Beltrán figurara en los órganos de administración de diversas mercantiles tenía por objetivo dar credibilidad "a sociedades pantalla carentes de actividad". Y añaden que sus beneficios los obtenía del cobro mensual de 10.000 euros y de que la organización ponía a su disposición un despacho por el que no pagaba nada en la madrileña calle Fernández de la Hoz.