El Supremo compra el enjuague de la Abogacía del Estado de Sánchez sobre el 1-O

El lunes próximo será un buen día para los demócratas que creen en el Estado de derecho. Y será malo para los antidemocráticos independentistas que apoyaron, respaldaron y participaron en el golpe de Estado del 1 de octubre de 2017 en Cataluña. Pero no tan malo como esperaban, gracias a la labor de laAbogacía del Estado  que, bajo la batuta del Gobierno socialista de Pedro Sánchez, ha trabajado para rebajar la calificación delictiva de los hechos cometidos por el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras; los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull, Joaquim Form, Dolors Bassa, Josep Rull, Santi Vila, Meritxel Borrás, Carles Mundó; la expresidenta del Parlament Carmen Forcadell; y los activistas indepes Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

Tal y como revela este sábado la Cadena SER, el tribunal del supremo presidido por el juez Marchena ha acordado descartar la rebelión, que hubiera supuesto para los acusados hasta 25 años de prisión, que es la condena solicitada por la Fiscalía, que se ha mantenido firme pese a las presiones de Moncloa para rebajar su calificación penal, como sí hizo la Abogacía del Estado.

En su lugar, los jueces han apostado por una condena por sedición y malversación, que conlleva penas sensiblemente mas bajas, de entre 4 y 15 años de prisión. En el caso de Junqueras, el Supremo se ha inclinado por la condena más alta, de modo que podría ser castigado con hasta 15 años de prisión. El resto de las penas por sedición y/o malversación irán a parar al resto de los políticos presos.

Sólo se librarán de la cárcel, pues serán concenados solo por desobediencia, según la Cadena SER, Vila, Mundó y Borrás, que sólo serán castigados con su inhabilitación para cargo público.

El cambio de opinión de la Abogacía del Estado

En noviembre de 2018, el Gobierno de Pedro Sánchez obligó a la Abogacía del Estado a remodelar su escrito de acusación. Donde ponía "rebelión" tenía que poner "sedición". Y la negativa del abogado del Estado que tendría que haber defendido el delito de rebelión original, Edmundo Bal, fue víctima de una purga por parte del Ministerio de Justicia.

"No fueron unos simples desórdenes públicos, como sostiene la Abogacía del Estado, fue un golpe de Estado contra la Constitución. Con intimidación colectiva, con heridos, alentando a los ciudadanos a que ocuparan los colegios y se resistieran activamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a sabiendas de que ello iba a desembocar en estallidos de violencia, como así fue, y aceptando plenamente sus consecuencias", sostiene Bal, que actualmente está en las filas de Ciudadanos, como diputado en la última y breve legislatura y como candidato en los próximos comicios del 28-A