El Gobierno aprueba por la mínima la Ley de Movilidad Sostenible

El Gobierno ha conseguido este miércoles aprobar en el Pleno del Congreso de los Diputados la Ley de Movilidad Sostenible, una de las normas más controvertidas de la legislatura, que salió adelante por la mínima gracias al cambio de postura de Podemos, que pasó del rechazo al apoyo en el último momento. La votación se resolvió con 174 votos a favor, 170 en contra y 4 abstenciones, en una sesión marcada por la tensión política y la división parlamentaria.

La ley, presentada por el Ministerio de Transportes, es uno de los compromisos exigidos por Bruselas para que España pueda recibir 10.000 millones de euros de fondos europeos, pero su contenido ha generado un profundo debate por su impacto en el sector del automóvil, las competencias locales y la libertad de movimiento de los ciudadanos.

El PP denuncia una ley “intervencionista y recaudatoria”

El Partido Popular votó en contra del texto al considerar que la norma “no busca una movilidad más sostenible, sino un mayor control por parte del Estado sobre las decisiones de los ayuntamientos y un nuevo golpe fiscal para los conductores”. Desde la bancada popular, varios diputados denunciaron que la ley “vuelve a castigar al automóvil, al transporte privado y a las familias trabajadoras que necesitan el coche para desplazarse”.

Fuentes del PP subrayan que el texto aprobado “impone obligaciones a las administraciones locales sin garantizar financiación suficiente” y “deja la puerta abierta a nuevos impuestos verdes o peajes urbanos encubiertos”. Según los populares, el Gobierno “se ha limitado a cumplir con Bruselas para cobrar los fondos europeos, sin escuchar al sector ni a los municipios”.

El principal grupo de la oposición recuerda que España ya cuenta con planes de movilidad y de descarbonización en marcha, y que “no era necesario aprobar una nueva ley que invade competencias municipales y autonómicas”. “La sostenibilidad no puede ser una excusa para asfixiar a los ciudadanos y para seguir alimentando la maquinaria burocrática del Estado”, lamentan desde el grupo popular.

Impacto directo sobre el sector del automóvil

Uno de los puntos más controvertidos de la nueva normativa es su impacto sobre la industria automovilística, que representa cerca del 10% del PIB nacional. Aunque el texto prevé la elaboración de un nuevo plan renove nacional adicional al Moves, el PP alerta de que el Gobierno “no ha concretado ni su presupuesto ni sus criterios”, lo que genera incertidumbre entre fabricantes y consumidores.

Además, la ley obliga al Ejecutivo a revisar el actual sistema de etiquetas medioambientales de la DGT bajo el criterio del CO₂. Una medida que, según el PP, “podría penalizar injustamente a miles de vehículos diésel modernos y a las clases medias que no pueden permitirse cambiar de coche cada pocos años”.

Los populares advierten de que esta reforma podría restringir aún más la circulación en las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), generando desigualdad entre los conductores según su nivel de renta o el municipio en el que vivan. “El Gobierno no puede seguir utilizando el medio ambiente como arma ideológica ni como excusa para prohibir el uso del coche”, defendió en el Pleno la diputada popular que intervino en nombre de su grupo.

Las Zonas de Bajas Emisiones, otro foco de conflicto

La regulación de las Zonas de Bajas Emisiones, uno de los pilares de la ley, también ha suscitado un fuerte rechazo por parte del PP y de los ayuntamientos gobernados por esta formación. La norma establece criterios homogéneos para todos los municipios de más de 50.000 habitantes, algo que el PP considera un ataque directo a la autonomía local.

“Cada ciudad tiene sus propias circunstancias de movilidad, de densidad y de transporte público. No se puede imponer desde Madrid un modelo único que no atiende a la realidad de cada territorio”, denuncian fuentes del partido. Los populares defienden que deben ser los alcaldes, y no el Gobierno central, quienes decidan cómo aplicar las restricciones o los incentivos a la movilidad sostenible.

Además, la ley no concreta qué compensaciones recibirán los municipios por la implementación de las ZBE ni cómo se financiarán los costes derivados de su control y señalización. Desde el PP se teme que la medida acabe traduciéndose en más multas y más burocracia para los ciudadanos, sin beneficios reales en materia medioambiental.

“Una ley improvisada para contentar a Bruselas”

Para el Partido Popular, la tramitación de la Ley de Movilidad Sostenible ha sido “precipitada, opaca y con un único objetivo: cumplir los plazos con la Unión Europea para cobrar los fondos”. El grupo liderado por Alberto Núñez Feijóo reprocha al Ejecutivo que “no haya contado con el consenso del sector ni de las comunidades autónomas”, y que “haya preferido pactar deprisa con Podemos antes que escuchar las propuestas de mejora presentadas por la oposición”.

“Se trata de una ley improvisada, más ideológica que técnica, que vuelve a castigar al automóvil, al transporte profesional y a las familias que viven fuera de los grandes núcleos urbanos”, denunció el PP en su intervención.

Los populares también han criticado el “uso político” de los fondos europeos y exigen “una gestión transparente y equitativa”, al tiempo que reclaman que el Gobierno detalle en qué proyectos se destinarán los 10.000 millones desbloqueados tras la aprobación de la norma.

Una votación ajustada y un país dividido

El Gobierno, por su parte, celebró la aprobación como “una victoria del compromiso con Europa y con la sostenibilidad”, aunque lo hizo por la mínima. El cambio de voto de Podemos, que finalmente dio su apoyo tras lograr algunas concesiones sobre transporte público y movilidad rural, fue decisivo para salvar el texto.

La oposición de PP y Vox votó en bloque en contra, mientras que algunos grupos minoritarios se abstuvieron al considerar que el proyecto “carece de realismo y planificación”. El resultado final —174 a favor frente a 170 en contra— refleja la fragilidad de la mayoría parlamentaria y la creciente división sobre el modelo de movilidad que España necesita.

Ahora la norma pasará al Senado, donde el PP ha anunciado que presentará enmiendas para limitar la intervención del Gobierno en competencias municipales, proteger al sector del automóvil y garantizar que las medidas medioambientales no penalicen a las clases medias.

“España necesita una movilidad sostenible, sí, pero también libre, justa y respetuosa con los ciudadanos”, concluyó el PP en su intervención. “Y esta ley, tal y como ha sido aprobada, no lo garantiza”.