Anfac reclama una reforma “realista y pragmática” en la política de reducción de CO₂ de la UE
La patronal española del automóvil pide más ambición y flexibilidad ante los objetivos de 2030 y 2035, que considera inalcanzables en el escenario actual de ventas eléctricas.

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La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) ha reclamado este viernes una reforma “realista, eficaz y pragmática” de la política europea de reducción de emisiones de CO₂ para turismos y vehículos comerciales ligeros. La petición llega tras la declaración conjunta de España y Francia durante el Consejo de Medio Ambiente de esta semana, en la que ambos países abogan por ajustar la regulación a la realidad del mercado.
Según la patronal, aunque la iniciativa franco-española va en la buena dirección, “las medidas planteadas deben ser más ambiciosas si se desea ofrecer soluciones duraderas que permitan armonizar los objetivos de descarbonización, resiliencia y competitividad” de la Unión Europea.
Objetivos “inalcanzables” con la cuota eléctrica actual
Anfac recuerda que, con una cuota de mercado inferior al 16% de vehículos eléctricos puros (BEV) en la UE —y apenas un 8,4% en España—, los actuales objetivos de reducción de CO₂ para 2030 y 2035 “no son alcanzables”. En el caso de los vehículos comerciales ligeros, la cifra es aún menor: menos del 9% en Europa y un 5,6% en el mercado español.
Ante este panorama, la asociación defiende la necesidad de un enfoque “pragmático, flexible y tecnológicamente neutral” que permita acelerar la transición sin poner en riesgo las inversiones ni el empleo. “Las normas que afectan al sector de la automoción son críticas para nuestro futuro industrial y laboral”, advierte el comunicado.
Un escenario más complejo de lo previsto
El documento conjunto de España y Francia reconoce que el sector del automóvil atraviesa un crecimiento más lento de lo esperado en la venta de vehículos eléctricos, y plantea introducir cierta flexibilidad en la aplicación de las normas. No obstante, el texto se queda corto, al no extender la neutralidad tecnológica más allá de 2035, lo que a juicio de Anfac limita las opciones para una transición equilibrada.
La asociación recuerda que la propuesta de vincular la flexibilidad únicamente a los esfuerzos de producción dentro de la UE debe tener en cuenta la complejidad de las cadenas de suministro, el tiempo necesario para aumentar la capacidad de fabricación de baterías en Europa y, sobre todo, la urgencia de ofrecer vehículos asequibles a los ciudadanos.
Adaptar la regulación a la realidad del mercado
Anfac advierte de que los objetivos de reducción previstos para 2030 en el segmento de los vehículos comerciales ligeros resultan especialmente difíciles de cumplir sin introducir ajustes. La patronal plantea revisar esas metas y mantener un mecanismo de promedio de cinco años para evitar sanciones “desproporcionadas” que dificulten la reinversión de los fabricantes en la transformación industrial.
“Es imprescindible un enfoque regulatorio adaptado a la realidad de las furgonetas”, sostiene Anfac, recordando que estos vehículos operan en condiciones muy diferentes a las de los turismos. Además, subraya que este segmento es “fundamental” para miles de pequeñas empresas y autónomos que aún no pueden permitirse el salto a modelos de cero emisiones, debido al mayor coste de adquisición, la menor capacidad de carga y la escasa infraestructura de recarga rápida.
Neutralidad tecnológica y competitividad europea
La patronal insiste en la necesidad de aplicar una auténtica neutralidad tecnológica, que permita aprovechar todas las soluciones de bajas emisiones disponibles —incluidos los combustibles sintéticos, híbridos enchufables o tecnologías alternativas— mientras la electrificación total gana ritmo y apoyo en infraestructuras.
En definitiva, Anfac reclama una política climática europea que combine ambición ambiental con realismo industrial y social. Solo así, concluye, será posible mantener el liderazgo de la automoción europea en un contexto global cada vez más competitivo y asegurar una transición justa para empresas, trabajadores y consumidores