La CNMC estrecha el cerco al reciclaje de vehículos y Bruselas multa a un cártel de baterías

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha puesto en el punto de mira al sector del reciclaje y la descontaminación de vehículos al final de su vida útil. El organismo regulador ha abierto una investigación para esclarecer si varias entidades incurrieron en prácticas de fijación de precios o en actuaciones de competencia desleal que podrían vulnerar tanto la normativa de competencia como la legislación medioambiental. Una actuación que llega, además, en un momento especialmente sensible para la industria del automóvil, después de que la Comisión Europea haya anunciado una multa de 72 millones de euros a un cártel ilegal en el sector de las baterías de arranque.

Según ha informado la CNMC, las entidades investigadas podrían haber incumplido la normativa medioambiental que regula la responsabilidad de las empresas sobre los residuos que generan en el ejercicio de su actividad. De confirmarse estas prácticas, algunas compañías habrían obtenido una ventaja competitiva indebida frente a sus rivales o habrían participado en acuerdos de fijación de precios expresamente prohibidos por la Ley de Defensa de la Competencia.

En el marco de estas pesquisas, entre los días 9 y 11 de diciembre, la CNMC llevó a cabo inspecciones en las sedes de varias entidades del sector del reciclaje de vehículos. Desde el regulador subrayan que estas actuaciones tienen carácter preliminar y no prejuzgan ni el resultado final de la investigación ni la eventual culpabilidad de las empresas afectadas. No obstante, si de las inspecciones se desprenden indicios sólidos de prácticas anticompetitivas, la CNMC procederá a la incoación de un expediente sancionador.

El organismo recuerda que los acuerdos entre competidores constituyen una infracción muy grave de la normativa de competencia. Este tipo de conductas puede acarrear multas de hasta el 10% del volumen de negocio total de las empresas sancionadas, una amenaza que pone de relieve la importancia de cumplir estrictamente las reglas del mercado. La investigación de los cárteles es, de hecho, una de las prioridades de actuación de la CNMC por la gravedad de sus consecuencias sobre los consumidores y sobre el correcto funcionamiento de los mercados.

Europa atenta a la electrificación

La presión sobre las prácticas irregulares en la industria del automóvil no se limita al ámbito nacional. Este mismo lunes, la Comisión Europea ha anunciado una sanción ejemplarizante de 72 millones de euros contra cinco entidades del sector de las baterías de arranque por crear un cártel ilegal con el que restringieron la libre competencia y elevaron los precios en el mercado europeo de automóviles y camiones.

En concreto, Bruselas ha castigado a la asociación comercial Eurobat y a los fabricantes Exide, FET —incluida su filial Elettra—, Rombat y Clarios, anteriormente conocida como JC Autobatterie. Según los servicios comunitarios, estas entidades participaron en prácticas ilegales durante un periodo de doce años y medio, coordinando su comportamiento en un mercado clave para la industria del automóvil.

El fabricante Exide es el que afronta la multa más elevada, con una sanción que supera los 30 millones de euros. En el extremo opuesto se sitúa Clarios, que queda exenta de cualquier pago tras colaborar con la investigación comunitaria. La Comisión Europea le reconoce “inmunidad” por haber confesado la existencia del cártel y haber facilitado información determinante sobre la participación del resto de empresas implicadas.

Las baterías de arranque son un componente esencial para los vehículos con motor de combustión interna, tanto turismos como camiones. En su investigación, Bruselas constató que los cuatro fabricantes, con la ayuda de la asociación sectorial, pactaron la creación de primas calculadas sobre la base del precio del plomo, principal componente de estas baterías, y utilizaron esas referencias comunes en sus negociaciones con los clientes.

De este modo, las empresas se aseguraban que lo recaudado por ese coste adicional se mantuviera siempre por encima de los niveles que habrían obtenido en ausencia del pacto. La Comisión Europea aclara que el uso de márgenes para trasladar al cliente las fluctuaciones en el precio de las materias primas es una herramienta legítima. Sin embargo, resulta ilegal que los proveedores se coordinen en secreto para convertir ese margen en un estándar común aplicable a toda la industria, eliminando así la competencia real.

Este caso sirve de aviso al conjunto del sector de la automoción y de los servicios asociados. Tanto la CNMC como la Comisión Europea refuerzan su mensaje de tolerancia cero frente a los acuerdos entre competidores que falsean el mercado, perjudican a los consumidores y encarecen productos y servicios esenciales. Las investigaciones abiertas y las sanciones impuestas evidencian que las autoridades de competencia mantienen una vigilancia estrecha sobre un sector estratégico para la economía.

En este contexto, la CNMC recuerda que dispone del Programa de Clemencia, un instrumento clave para destapar cárteles. A través de este mecanismo, las empresas y asociaciones que formen parte de un acuerdo ilegal pueden beneficiarse de la exención total del pago de la multa si aportan pruebas que permitan detectarlo. Asimismo, aquellas compañías que colaboren con información de valor añadido una vez iniciada la investigación pueden obtener reducciones significativas de la sanción.

Las empresas que se acogen al programa de clemencia quedan además excluidas de la prohibición de contratar con el sector público, prevista en la Ley de Contratos del Sector Público para los sancionados por infracciones graves de competencia. A ello se suma la plataforma de colaboración ciudadana de la CNMC, el Sistema de Informantes de Competencia Anónimos (SICA), que permite comunicar de forma confidencial la existencia de prácticas anticompetitivas como la fijación de precios o el reparto de mercados.

Con investigaciones en marcha y multas millonarias sobre la mesa, las autoridades dejan claro que el control de los cárteles y de las prácticas desleales seguirá siendo una prioridad absoluta en el sector del automóvil y en todas aquellas actividades que influyen directamente en el bolsillo de los consumidores.