El TC alerta: el Perte del coche eléctrico nació mal diseñado y sin el sector privado
El organismo fiscalizador de las cuentas públicas pone en cuestión uno de los grandes proyectos industriales del Gobierno y advierte de fallos graves en el diseño y la gobernanza del Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado. Falta de colaboración real con las empresas, gestión fragmentada y miles de millones aún sin adjudicar amenazan con diluir el impacto de una iniciativa clave para el futuro de la automoción en España.
Archivo - El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 21 de octubre de 2025, en Madrid (España).
El Tribunal de Cuentas ha lanzado una seria advertencia al Gobierno sobre uno de los proyectos estrella de la política industrial española vinculada a los fondos europeos. El organismo fiscalizador concluye que el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico y Conectado (Perte VEC) adolece de un diseño deficiente desde su origen y reclama una implicación real y efectiva del sector privado para evitar que su impacto quede muy por debajo de lo previsto.
Así se recoge en el informe de fiscalización correspondiente al periodo 2021-2023, en el que el Tribunal de Cuentas analiza el diseño, la gobernanza y la gestión de uno de los instrumentos clave del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia impulsado tras la pandemia. El dictamen pone el foco no solo en las debilidades iniciales del Perte VEC, sino también en los problemas estructurales que han condicionado su desarrollo posterior.
Conviene recordar que el Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado fue el primero aprobado por el Gobierno y uno de los más ambiciosos en términos económicos. El plan contempla una inversión total de 24.009 millones de euros, de los que 4.295 millones proceden de financiación pública con cargo a los fondos europeos. Su objetivo es transformar el sector de la automoción en España, reforzar su competitividad y acelerar la transición hacia el vehículo eléctrico mediante la colaboración público-privada. La gestión del proyecto recae principalmente en el Ministerio de Industria y Turismo.
Sin embargo, el informe es contundente al señalar que el diseño inicial del Perte no incorporó de forma estructurada la participación de las empresas. Según el Tribunal, el papel del sector privado se limitó a la presentación de manifestaciones de interés evaluadas a través de un procedimiento informal, lo que impidió sentar las bases de una auténtica colaboración entre administraciones y tejido empresarial. Una carencia que, a juicio del fiscalizador, ha condicionado de manera decisiva la ejecución del proyecto.
En este sentido, el organismo presidido por Enriqueta Chicano subraya que esta falta de implicación real de las empresas desde las fases iniciales ha lastrado la eficacia del Perte VEC y ha dificultado la alineación de las ayudas con las necesidades reales del sector de la automoción, uno de los pilares industriales de la economía española.
Limitaciones sin sentido
El informe también es crítico con el modelo de gobernanza. Los órganos creados para coordinar y supervisar el Perte VEC han tenido, según el Tribunal, un funcionamiento claramente insuficiente, con pocas reuniones y una coordinación limitada. Esta debilidad ha derivado en una gestión fragmentada de las distintas líneas de ayudas, que se han tramitado de manera independiente, sin una visión integrada del conjunto del proyecto.
Aunque se definieron objetivos e indicadores para evaluar el impacto del Perte, el Tribunal advierte de que la ausencia de un órgano específico encargado de su seguimiento y la falta de un calendario claro para su consecución han restado utilidad práctica a estos instrumentos de control. En la práctica, esto ha impedido medir con precisión si el Perte está cumpliendo los fines para los que fue concebido.
No todo el balance es negativo. El informe reconoce que, con el paso del tiempo, la gestión de la principal línea de ayudas ha experimentado una evolución positiva. La primera convocatoria estuvo marcada por una elevada complejidad administrativa y unos resultados muy limitados, mientras que en las posteriores se simplificaron requisitos y procedimientos. No obstante, el Tribunal también constata que una parte significativa de las ayudas concedidas se ha concentrado en un número reducido de grandes empresas, lo que plantea dudas sobre el alcance real del apoyo al conjunto de la cadena de valor del sector.
A cierre del periodo fiscalizado, quedaba aún por conceder el 57% de las ayudas previstas, lo que equivale a 2.408 millones de euros pendientes de asignación. Un dato que refuerza la sensación de ejecución lenta y de dificultades para materializar en la economía real los recursos movilizados sobre el papel.
El Tribunal de Cuentas sí aprecia avances en materia de transparencia, sostenibilidad ambiental y correcta implantación de medidas antifraude, aspectos exigidos por la normativa europea. Sin embargo, detecta carencias en la integración efectiva del principio de igualdad en las convocatorias, una cuestión que también forma parte de los compromisos asociados a los fondos europeos.
A la luz de todo ello, el organismo fiscalizador recomienda al Gobierno reforzar de manera sustancial el diseño y la gobernanza de los Perte, mejorar la coordinación y el seguimiento de sus distintas líneas de actuación y, sobre todo, garantizar una participación real del sector privado desde las fases iniciales. Solo así, concluye el informe, será posible maximizar el impacto de estos instrumentos estratégicos de política pública y evitar que proyectos clave como el Perte VEC se queden lejos de las expectativas creadas.