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El sector de la movilidad eléctrica presenta un "plan de choque" con doce compromisos urgentes

Aedive, AORU y AUVE se unen para exigir al Ejecutivo que salga de las urnas el 29N que ponga fin al laberinto burocrático y garantice ayudas sin adelantos, mapas de red transparentes y un cargador rápido a menos de 30 minutos en municipios de más de 5.000 habitantes.

Cargadores de coche

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Con la vista puesta en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y ante el inminente fin del Plan Auto+, el sector de la movilidad eléctrica ha decidido mover ficha para que el próximo Gobierno no tenga excusas. La Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive), la Asociación de Operadores de Recarga Ultrarrápida (AORU) y la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos (AUVE) han presentado de forma conjunta a los partidos políticos un documento con doce compromisos clave para blindar y acelerar la transición hacia el vehículo eléctrico hasta 2030.

Bajo la premisa de que "los próximos cuatro años serán de vital importancia", las tres organizaciones reclaman al Ejecutivo que surja de las urnas que considere al sector como de "alto valor estratégico". Para ello, proponen una batería de reformas estructurales que van desde la agilización de la infraestructura de recarga hasta la simplificación de las ayudas, buscando acabar con los cuellos de botella que amenazan con frenar el crecimiento del mercado.

Acabar con el "apagón" burocrático de los cargadores

La gran prioridad para las asociaciones es resolver la incertidumbre y el bloqueo en la conexión a la red eléctrica. El sector denuncia que hay estaciones ya construidas que se quedan durante meses, o incluso años, en el limbo por no tener suministro.

Para evitarlo, exigen:

Mapas digitales de capacidad eléctrica transparentes y permanentemente actualizados para saber dónde hay potencia disponible.

Integrar la movilidad en la planificación de las redes, anticipando refuerzos donde la demanda futura esté acreditada.

Una declaración responsable homogénea en todo el territorio nacional y una ventanilla única digital con acceso al catastro para agilizar la maraña de permisos municipales y autonómicos.

Silencio administrativo positivo y energización provisional mientras se completan los expedientes, asegurando que ninguna estación terminada se quede sin dar servicio por trámites burocráticos.

"El nuevo Gobierno debe consolidar lo que ha funcionado y abordar las asignaturas pendientes", señala Daniel Pérez, presidente de AORU, incidiendo en que la red de recarga debe expandirse de manera rápida y eficiente para dar confianza a los usuarios.

Cargadores cerca, accesibles y con precios claros

El documento también pone el foco en el usuario y en la capilaridad de la red de carga, planteando objetivos concretos para hacer la infraestructura verdaderamente accesible:

Cercanía: Que ningún municipio de más de 5.000 habitantes esté a más de 30 minutos de un cargador rápido.

Impulso local y logístico: Un Plan Nacional de Recarga en corriente alterna para hogares, comunidades de vecinos, empresas y la vía pública, acompañado de una red de alta potencia en corredores logísticos, depósitos y aparcamientos para el transporte pesado.

Transparencia de precios: Facturas claras acordes a la normativa europea AFIR que desglosen al detalle el precio de la energía, el aparcamiento y las penalizaciones por ocupación excesiva, además de garantizar la interoperabilidad de los cargadores (que se pueda pagar con facilidad sin necesitar decenas de aplicaciones).

Fiabilidad: Exigir una disponibilidad mínima anual del 98% por punto de recarga (excluyendo imprevistos ajenos al operador como robo de cable, vandalismo o fallos de la distribuidora).

Como resume Ángel García, presidente de AUVE, "quien se plantea dar el salto al eléctrico necesita respuestas sencillas: cuánto le va a costar, dónde podrá cargar si no tiene garaje y si el cargador funcionará al llegar".

cargador coche

cargador coche

Activar la demanda: ayudas sin esperas y control directo

Para reactivar el mercado de las matriculaciones —que se arriesga a sufrir un parón tras agotarse los fondos del Plan Auto+—, el sector propone un giro de 180 grados en la política de incentivos. La principal reclamación es que las ayudas a la compra se concedan sin obligar al usuario a adelantar el dinero, aplicando un descuento directo en el punto de venta siempre que sea jurídicamente viable.

La receta del sector se completa con: La continuidad y simplificación de las deducciones fiscales. Una revisión a fondo de la fiscalidad para el vehículo de empresa.

Fomentar la compra pública basándose en el coste total de propiedad (demostrando que el eléctrico, a la larga, es más rentable para la administración).

Un puente de mando con el Ejecutivo

Para que estas medidas no se queden en papel mojado, Aedive, AORU y AUVE proponen la creación de una mesa interministerial permanente en la que participen activamente junto al nuevo Gobierno, además de un cuadro de mando trimestral oficial. Este indicador serviría para monitorizar el estado real del sector, midiendo con precisión cuántos puntos de recarga están verdaderamente operativos y los tiempos medios que tardan en conectarse a la red.

En un momento de máxima incertidumbre política, las asociaciones apelan a la responsabilidad de los candidatos del 29N para asegurar una estabilidad regulatoria que proteja las millonarias inversiones ya realizadas y garantice que España no pierda el tren de la movilidad sostenible y la reindustrialización descarbonizada.

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