Más sobre vivienda pública

Confieso que me sorprendió la calurosa acogida entre los lectores de mi columna  Arquitectura de la Vivienda Social, así que sin ánimo de resultar cansino me permito una segunda entrega al respecto. Erré -no fue el corrector- al calificar de intangible la realidad de la exitosa política de vivienda pública desarrollada por el IVVSA en las últimas legislaturas de Camps y Fabra respectivamente. Y no me apunto a eso de la “verdad es la realidad” que dice aquél, o la reinterpretación de San Juan (8.23),  “la libertad os hará verdaderos” que soltó Zapatero en el Desayuno de Oración en Washington. En fin, mis disculpas.

He tenido cantidad de retornos, entre amigos y colegas. Los más, optimistas. Otros que dicen conformarse con la mitad de las cifras anunciadas por Catalá (1.000) y Mazón (10.000) para esta legislatura. Por mi parte insisto que, aunque ambiciosas, son posibles y más que razonables. Los más exigentes las encuentran pacatas … y algunos nostálgicos recuerdan épocas mejores en las que las viviendas públicas o subvencionadas -vivienda de protección oficial (VPO)- alcanzaban cantidades muy relevantes. El contexto socio económico en España ha cambiado sustancialmente. Y el político también.

Las dictaduras de todo tipo se han caracterizado por hacer de la construcción de vivienda uno de sus ejes principales. Las razones son diversas, y van desde la fidelización del personal agradecido, hasta la reducción del desempleo, sin olvidar el impacto en la economía nacional. Sin ir más lejos, el franquismo, de la mano de la “sonrisa del régimen”, el egabrense Solís, con la guía política del arquitecto falangista Arrese, que fue el primer Ministro de Vivienda, y la colaboración de los más prestigiosos profesionales de entonces, construyó centenares de miles a través de la Obra Sindical del Hogar y Arquitectura. Los resultados fueron periódicamente difundidos por la revista del mismo nombre, Hogar y Arquitectura. La vacié, junto a Cortijos y Rascacielos (una joya) para la redacción de mi tesis doctoral que versó, precisamente, sobre vivienda pública en el medio rural. (No se esfuercen en buscarla en Internet, que es anterior a la digitalización. Afortunadamente, porque la recuerdo con cierto pudor, muy al contrario de los que presumen de trabajos ajenos, plagiarios o ambas cosas a la vez).

La vivienda más cara de la historia con sus absurdos veinticinco metros cuadrados. Un sonoro fracaso de Rodríguez Zapatero, naturalmente

Mussolini hizo lo propio, con el entusiasmo de  Libera, Pagano y Terragni. Perón en Argentina, Trujillo más modestamente en Dominicana, Stroessner en Paraguay, y así un largo etcétera. La URSS y los denominados Países del Este, apostaron para ello por la industrialización y la prefabricación pesada, y en la Cuba de los primeros años de la Revolución, se importaron y adaptaron sistemas checos y polacos para la construcción de La Habana del Este y otros conjuntos en Santiago y en todas las capitales de provincia, sin olvidar núcleos rurales; Quintana, Cienfuegos, Mercedes Álvarez   y Hugo D'acosta y tantos más, prestaron a la causa su buen hacer.

La transición española no fue excepción. La Obra Sindical se transfirió, primero al Instituto Nacional de la Vivienda y luego a las Autonomías, cambiando de nombre pero no de cometido y eficiencia constructora. Se desarrolló el movimiento cooperativista en la materia, y la colaboración público privada, mediante la vivienda protegida y los créditos forzosos del Banco Hipotecario, no paró de producir.

Con Zapatero se reinventó el Ministerio de la cosa, y su titular María Antonia Trujillo, una profesora de derecho de la Universidad de Extremadura que reivindica la soberanía marroquí de Ceuta y Melilla, frivolizó con la “unidad habitacional”, la vivienda más cara de la historia con sus absurdos veinticinco metros cuadrados. Un sonoro fracaso, naturalmente. (En Corea del Norte, más brutos, aceptan nueve metros exiguos como habitáculo)

Después, ciertamente, aunque con honrosas excepciones, el asunto ha tocado suelo (suelo baldío). Pero cabe reimpulsarlo. Díaz Ayuso ha revisado módulos y estándares, y Rueda Valenzuela en Galicia se afana en ello y lo incluye en su programa electoral. Lo ha hecho Moreno Bonilla en Andalucía, y Cataluña o el País Vasco no han bajado nunca la guardia.

El tema necesita de cierto pragmatismo alejado de planteamientos populistas, y de la participación de todos los actores: Administración, arquitectos, promotores, constructores y entidades de crédito. Sus efectos colaterales en el mercado de la vivienda libre no se harán esperar si así fuera.

 (Visiten, por cierto, la exposición en el ICO sobre el Pritzker indio Balkrishna Doshi, “Arquitectura para todos”. Mucho que aprender)