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Los sindicatos amenazan a Sánchez con agitar las calles con la agenda de Podemos

UGT y Comisiones preparan movilizaciones contra el Gobierno por el Salario Mínimo, la derogación de la reforma laboral y las pensiones. Y se alinean con Iglesias en su guerra con Calviño.

Los líderes de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez.

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La guerra en el Gobierno, lejos de apaciguarse, se recrudece. Lo ha desvelado este lunes el director de ESdiario, Antonio Martín Beaumont. Podemos sigue con su pulso y ha decidido mover a sus peones con la misma agenda que trata de taponar desde Moncloa la vicepresidenta económica Nadia Calviño.

Los sindicatos barajan convocar movilizaciones en el mes de febrero contra el posible retraso en la subida del Salario Mínimo, la ausencia de modificaciones en la reforma laboral y por el posible cómputo de 35 años de cotización a la hora de calcular las pensiones, cuestiones que implican un bloqueo del diálogo social, según han señalado fuentes sindicales. Se trata de las mismas reivindicaciones que mantiene Pablo Iglesias sobre la mesa de Moncloa.

Las organizaciones que lideran Pepe Álvarez y Unai Sordo consideran que el hecho de que el Gobierno empiece a condicionar algunas negociaciones y la necesidad de concretar a Bruselas las reformas que se van a llevar a cabo están bloqueando tanto las negociaciones vigentes (del SMI o la Ley de trabajadores de plataformas digitales) como las que están por venir (creación de un Estatuto de los trabajadores del siglo XXI y reforma de las pensiones).

Respecto al SMI, los sindicatos han dejado claro que vincular la subida a un acuerdo entre los agentes sociales da "derecho de veto" a la CEOE.

También creen que se debe recuperar la negociación de la reforma laboral en el punto en el que se quedó el pasado mes de marzo para aligerar la negociación ante una posible derogación de los aspectos más lesivos.

Por otro lado, respecto a las pensiones, las organizaciones sindicales han afirmado en diversas ocasiones que no van a aceptar incrementar el periodo de cálculo de la base reguladora de 25 a 35 años y que esta idea no está en las recomendaciones del Pacto de Toledo ni en la mesa del diálogo social.

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