'Bofetada' de los intelectuales al adoctrinamiento de Sánchez en las aulas

Los intentos de adoctrinar a la ciudadanía que lleva a cabo el gobierno del PSOE y Podemos en el Gobierno han levantado a los intelectuales del país, que han emitido un manifiesto en el que se oponen de forma rotunda a la nueva norma educativa Lomloe, más conocida como 'Ley Celaá’.

Entre los firmantes de la misiva se encuentran más de una treintena de personalidades del mundo de la cultura como los filósofos como Fernando Savater, Gabriel Albiac, Gustavo Bueno o Jon Juaristi; historiadores como García de Cortázar o José Ignacio Fortea; o los escritores Andrés Trapiello y Félix de Azúa, entre otros muchos profesionales, algunos de ellos dedicados a la docencia. Todos ellos, han mostrado de forma pública, no sólo su rechazo a la normativa, sino su preocupación por "la deriva" que está tomando el sistema educativo público.

Así, señalan en el texto, que comienza con la frase de Séneca: "Las mejores cosas son patrimonio común", para abrir boca de lo que claramente exponen, que la "enseñanza reglada en España no marcha por buen camino y las leyes que se han aprobado últimamente, junto con la Lomloe de 2020, no parece que vayan encaminadas a poner remedio, sino que más bien tienden a empeorar la situación".

En contraposición al modelo que impone la ministra del ramo, Pilar Alegría, reclaman que la enseñanza sea de calidad, basada en los conceptos nucleares de "esfuerzo, mérito y contenidos" y quieren sacar cualquier sectarismo de las aulas.

Conceptos ajenos a los saberes concretos de cada asignatura, de tipo moral o ideológico, deben ser desplazados de las aulas.

De esta forma, manifiestan que "los alumnos no deben ser objeto de adoctrinamiento, pues tal intromisión supone una perversión de lo público al sacrificar, especialmente para los estudiantes con menos recursos, su formación técnica, profesional, académica y personal, condenándoles al sometimiento moral y a la incompetencia intelectual".

Esta Ley Celáa no gusta nada a los participantes del manifiesto y alertan del rumbo que toma la educación en España, para defender que el sistema no puede convertirse en un instrumento para "adoctrinar y apropiarse de un servicio público fundamental para la sociedad y sus miembros, sufragado por todos los contribuyentes. Nada distinto de lo que dice la Constitución española".

Apartar la educación de las orientaciones morales e ideológicas de los gobernantes es fundamental y proponen una serie de acciones para frenar esta mala dirección como la creación de una institución pública integrada por docentes, académicos y científicos independientes para diseñar las leyes e iniciativas.

En el manifiesto los intelectuales son críticos con las cifras que aporta el Gobierno sobre fracaso escolar que consideran alta y no les parece una solución tapar esa realidad: "Hace desaparecer los suspensos y dificulta la repetición, con lo que no solo no solucionará sino que acrecentará el problema al ocultarlo, además de añadir carga burocrática para los docentes".

También abogan por una evaluación de cada alumno a partir del conocimiento de los contenidos concretos de cada asignatura, pues la evaluación por competencias diluye los conocimientos concretos.

Así piden que se mantenga el criterio de notas numéricas y las menciones de honor; al mismo tiempo que reclaman la libertad de los docentes para enseñar los contenidos científicos o humanísticos de su materia, "sin ser correa de transmisión" de la ideología de turno; y también apostar por exámenes externos y comunes en distintas etapas educativas, para realizar pruebas diagnósticas sobre la marcha de los distintos centros de enseñanza. Entre ellas, quieren recuperan la prueba de Selectividad única en todo el territorio nacional, garantizando así la igualdad de oportunidades para todos los alumnos.

Para concluir no se olvidan del asunto de la lengua en la que se imparten las clases y defienden que se garanticen los pronunciamientos judiciales que obligan a impartir al menos un 25% de las asignaturas en español en Cataluña. "Aspiramos a que en todo el territorio nacional se garantice la enseñanza pública en lengua española, sin perjuicio de que continúe habiendo enseñanza en otras lenguas cooficiales del Estado".