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Sánchez pone la democracia al límite con el asalto al Constitucional y a Indra

La ansias de poder del presidente del Gobierno no tienen fin, de hecho presentará una propuesta legislativa para devolver funciones al CGPJ con la intención de controlar el Constitucional.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

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Andrea Jiménez

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Los deseos de Sánchez de controlarlo todo no cesan y dos nuevas decisiones del presidente ponen a nuestra democrácia al límite pues el Gobierno, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ha tomado el control de la prinicpal empresa tecnológica y de defensa de nuestro país, Indra, y ahora quiere hacer lo mismo con el Tribunal Constitucional.

Para ello, el PSOE presenta en el Congreso de los Diputados una proposición de ley con el fin modificar de nuevo la Ley Orgánica del Poder Judicial y facultar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a nombrar a los dos magistrados que le corresponden para renovar el Tribunal Constitucional.

Los socialistas quieren llevar a cabo una 'reforma express', por el procedimiento de urgencia y en lectura única, para que esté en vigor en el mes de julio para poder renovar cuanto antes a los dos magistrados que corresponde elegir al órgano de los jueces en paralelo a los dos que tiene que designar el Ejecutivo y así garantizarse el control del mismo.

Sin embargo, lo hace después de impulsar una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), aprobada en marzo de 2021, que prohibía al CGPJ realizar nombramientos discrecionales en la cúpula judicial estando en funciones, situación en la que se encuentra desde diciembre de 2018.

Un giro de guión respecto a lo aprobado hace tan solo un año que ha enfadado a sus socios de Gobierno, Podemos, pues la cúpula morada, una de las principales impulsoras de la reforma previa, ha señalado que la medida del PSOE "no está pactada" con la formación.

Además, también desde el PP han mostrado su total indignación, en boca de su presidente, Alberto Núñez Feijóo que ha acusado este viernes al jefe del Ejecutivo de "romper los puentes" para negociar el CGPJ con la reforma "unilateral" que ha anunciado para "controlar" el Tribunal Constitucional.

Feijoo: "Después de lo que hemos visto con el CNI, con la Fiscalía General del Estado o con el CIS, esto empieza a ser una preocupación no puntual no estructural"

En una entrevista en Telecinco, Feijóo ha dicho que su partido se ha enterado por los medios de comunicación de que el Gobierno prepara esa reforma legal para "reponer" las competencias del CGPJ que le quitó hace unos meses.

Según ha dicho, "lo dejó sin competencias" y ahora como "le interesa modificar el TC" parar cubrir las vacantes le "repone parte de las competencias que le había hurtado". "Después de lo que hemos visto con el CNI, con la Fiscalía General del Estado o con el CIS, esto empieza a ser una preocupación no puntual no estructural", ha proclamado.

Por eso, ha cargado duramente contra el Gobierno porque lo que busca es "controlar" el TC y le ha acusado de "romper cualquier tipo de puente" con su partido para negociar el CGPJ. A su juicio, "parece que el objetivo del Gobierno es no negociar nada con el PP".

Toma el control de Indra

Pero esta nueva maniobra de Sánchez llega solo un día después de que el Gobierno, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y aliado con SAPA Placencia y Amber Capital, haya tomado el control del consejo de Indra tras nombrar a Jokin Aperribay como consejero dominical por el grupo vasco y promover el cese de cuatro consejeros independientes en la junta de accionistas de este jueves.

La junta ha elevado el tono cuando un representante de Amber, el máximo accionista de Prisa y accionista de Indra con algo más del 4%, ha propuesto una votación adicional para cesar a cuatro consejeros independientes: Alberto Terol, Ana de Pro, Enrique de Leyva y Carmen Aquerreta.

El representante de Amber ha justificado su petición en que la compañía necesita una mayor estabilidad y una "reestructuración más amplia" en su consejo. Un plan que ha contado con el beneplácito de la SEPI y Sapa.

Los cambios ejecutados en la junta, que ha contado con el 75% de los accionistas, otorgan de forma definitiva el control del consejo a la SEPI y por tanto al Gobierno, que manejará, de esta manera a la empresa más importante de nuestro país en materia de tecnología y defensa.

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