El PP denuncia la 'Ley Begoña' como un intento del PSOE para blindar la corrupción de Sánchez
Cuca Gamarra, hoy en Asturias
El Partido Popular ha lanzado duras críticas contra la reforma legal promovida por el PSOE para limitar la acusación popular en los procesos judiciales. Apodada por los populares como la "Ley Begoña", en referencia a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, el PP sostiene que esta normativa busca blindar al entorno de Pedro Sánchez frente a investigaciones judiciales.
Cuca Gamarra, secretaria general del PP, ha declarado que esta ley es un intento descarado de proteger a Sánchez de las investigaciones por corrupción que afectan a su gobierno, su familia y su partido. Gamarra ha advertido que quienes apoyen esta ley "serán cómplices de la corrupción socialista".
El PP ha anunciado que denunciará esta propuesta legislativa y seguirá luchando para que la corrupción no quede impune. Además, han señalado que la reforma "es un ataque directo al Estado de derecho y a la independencia judicial", según Gamarra.
La "Ley Begoña" ha generado un amplio rechazo entre jueces, periodistas y opinión publica. Los dos primeros también han denunciado el intento del PSOE de controlar la justicia y debilitar la acusación popular. El PP ha reafirmado su compromiso de defender la transparencia y la legalidad en España.
"Cortina de humo"
El PSOE defiende que la reforma pretende evitar el uso abusivo de la acusación popular, argumentando que en algunos casos ha sido empleada para judicializar la política. Sin embargo, Gamarra aseguró que esta explicación es una "cortina de humo", insistiendo en que la reforma es "un traje a medida" para garantizar la protección de Sánchez y Begoña Gómez ante cualquier posible acusación. Asimismo, anunció que el PP llevará esta normativa ante las instancias judiciales pertinentes y, de ser necesario, buscará derogarla si logra gobernar en el futuro.
"Lo que estamos viendo es un ataque directo a la democracia y a la justicia", concluyó Gamarra. Según ella, la "Ley Begoña" no solo busca proteger a Sánchez y su entorno, sino que también supone "una agresión a los derechos de los ciudadanos" y al principio de igualdad ante la ley.