ESpolítica
¿Es legal la "Ley Begoña" impulsada por Sánchez? Abogado experto desvela el verdadero objetivo del PSOE
Como cada fin de semana no te pierdas en ESdiario TV el programa 'ESpolítica', con entrevistas y debate para analizar la más destacadas noticias de la semana. En esta edición de sábado, el abogado Ignacio Fuster-Fabra analiza la proposición de Ley Orgánica registrada hace unos días por el PSOE para, entre otros objetivos, acotar la actuación de la acusación popular.
El abogado y profesor de Derecho Ignacio Fuster-Fabra ha abordado en el programa ESpolítica de ESdiario TV los posibles efectos y motivaciones detrás de la proposición de ley presentada recientemente por el PSOE en el Congreso de los Diputados. Este proyecto legislativo pretende limitar el alcance de la figura de la acusación popular, una medida que podría influir directamente en casos judiciales sensibles como el conocido 'caso Begoña Gómez', que afecta a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otro proceso que involucra a su hermano.
Durante la entrevista, Fuster-Fabra expresó su preocupación sobre si esta reforma legislativa responde a intereses particulares más que a la protección del Estado de derecho. "La crítica que debemos hacer como sociedad, incluso los juristas, es si entendemos que la ley se hace ad hoc para nuestros intereses o si es una norma que busca preservar la igualdad de todos frente al Estado de derecho", subrayó el abogado.
El profesor recordó la importancia histórica y práctica de la acusación popular en casos relevantes de la democracia española, como el caso Nóos o el caso Malaya, donde esta figura jugó un papel clave para esclarecer hechos y garantizar justicia. Según Fuster-Fabra, "La Fiscalía se ha apoyado muchísimas veces en las acusaciones populares para llevar procedimientos complejos y lograr el fin último de la defensa de la legalidad y la averiguación de la verdad material".
Fuster-Fabra también destacó que la acusación popular está recogida en la Constitución Española como una herramienta esencial para la ciudadanía, permitiendo una representación adicional más allá de la Fiscalía. "Cuando se planteó y se estableció en la Constitución era precisamente para garantizar procedimientos judiciales con relevancia social", explicó.
Finalmente, el abogado enfatizó la necesidad de valorar y respetar esta figura como un mecanismo democrático que no solo complementa el trabajo de la Fiscalía, sino que también permite a los ciudadanos participar activamente en la protección de los intereses colectivos frente a posibles irregularidades.
El debate sobre esta propuesta de ley sigue generando controversia en el ámbito jurídico y político, al ser percibida por algunos como un intento de limitar el control judicial sobre los poderes del Estado en casos de alto interés público.