Los socios de Sánchez seguirán al margen de la deriva judicial del presidente

En Moncloa y Ferraz no tienen dudas sobre la escasa influencia que tendrá la deriva judicial que sacude el entorno del Presidente en un final anticipado de la Legislatura. Serán otros temas –alegan las fuentes consultadas entre los socios políticos de Sánchez- los que podrian precipitar una convocatoria anticipada de elecciones, pero en ningún caso los tribunales.

De hecho, el nuevo líder del PNV, Aitor Esteban, ha admitido en distintas entrevistas que la estabilidad del Ejecutivo solo estaba garantizada por dos años, y que a partir de ahí Sánchez entraba en “pérdidas” y que mantenerse hasta 2027 sería muy difícil.

Para Aitor Esteban, los Presupuestos Generales del Estado son la “prueba del algodón”, y si Sánchez sigue dispuesto a mantenerse al frente del Ejecutivo sin los PGE, la Legislatura seria “ingobernable”.

De ahí el empeño del secretario general del PSOE de alcanzar acuerdos con Junts (el más importante, el traspaso de la competencia de Inmigracion a Cataluña), al considerarlos la clave de bóveda de la continuidad del Ejecutivo.

Sin embargo, no está tan claro que el Gobierno resuelva la incognita de la aprobación de los PGE pactando solo con Junts, ya que el cambio de liderazgo en ERC, con un Oriol Junqueras en clave independentista, obligará a Pedro Sánchez a renegociar con Esquerra nuevas cotas de autogobierno para Cataluña.

Y, finalmente, está por ver hasta qué punto Unidas Podemos está trabajando “a la contra”, para precipitar el final de la Legislatura, acabando de paso con el liderazgo de Yolanda Díaz al frente de la “izquierda alternativa”.

En ningún supuesto, la “cuestión judicial” aparece como la “línea roja” que determinará el final de la Legislatura. De hecho, la acusación de “lawfare” a los jueces españoles es una fórmula compartida por los aliados de Sánchez, por lo que las imputaciones a los familiares del Presidente, o al Fiscal General del Estado, no hacen sino reforzar los pseudoargumentos del independentismo o de Podemos en la deslegitimación de la Judicatura española.

Consumación de la aministía

Precisamente, una cuestión clave para los independentistas catalanes y para el PNV, como es la consumación de la Amnistía a los protagonistas del 1-0, va a ponerse sobre la mesa de aqui al verano, con la irrupción del Tribunal Constitucional, que –en clave política- servirá de contrapreso a los cinco jueces que están dirigiendo la imputación de los familiares del Presidente del Gobierno y del Fiscal General del Estado.

La actuación del TC, presidido por Conde-Pumpido, se contrapone de alguna manera a la actualidad judicial protagonizada por los jueces de instruccion Juan Carlos Peinado y Beatriz Biedma; los magistrfados del Supremo –Leopoldo Puente y Ángel Hurtado-, y el magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz.

Hasta el momento, ya se han zanjado la mayoría de causas abiertas a manifestantes y policias en el 1-0, pero no así las causas de los líderes independentistas: sigue en pié la orden de detención de Carles Puigdemont y también la inhabilitación de Oriol Junqueras, el nuevo líder de ERC.

Probablemente, este mismo verano -julio 2025- el TC resuelva los recursos contra la Ley de Amnistía, primero los planteados por el PP y el Tribunal Supremo; y después los planeados por las CCAA, que son quince hasta la fecha.

También en el curso de este año es probable que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) se pronuncie sobre si la amnistía atenta contra los valores comunitarios, una decisión de enorme calado que marcaría el horizonte penal y político de los líderes del procés.....

Además, este TC, de mayoría progresista, deberá pronunciarse sobre los recursos de amparo planteados por los líderes del procés contra la negativa del Supremo a perdonarles el delito de malversación.

Si el Constitucional sigue sin contratiempos la hoja de ruta que está proponiendo Cándido Conde-Pumpido, al Supremo solo le quedará como último recurso la “bala de plata” de plantear una cuestion prejudicial al TJUE, lo que podrá retrasar uno o dos años la decisión final; de modo que en ningún caso se aplicaría la Ley de Amnistía hasta 2027, como pronto.