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Bruselas investigará el deterioro del Estado de Derecho en España tras la denuncia de Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que el Parlamento Europeo investigará la situación del Estado de Derecho en España, tras las preocupaciones por la "ley Begoña" y el nombramiento del fiscal general del Estado. La Comisión de Peticiones de la Eurocámara evaluará si el Gobierno de Sánchez está vulnerando la separación de poderes y utilizando la justicia con fines partidistas.

Ribadeo, Lugo. La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Ribadeo, Lugo. La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.Carlos Castro/Europa Press

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Marian Romero
Madrid

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Isabel Díaz Ayuso ha confirmado que el Parlamento Europeo analizará la deriva del Estado de Derecho en España, en respuesta a las denuncias sobre las maniobras del Gobierno de Pedro Sánchez para controlar las instituciones. Dos cuestiones clave han encendido las alarmas en Bruselas: la polémica “ley Begoña”, una reforma legal impulsada por el Ejecutivo que podría blindar a su esposa, Begoña Gómez, ante posibles investigaciones judiciales, y el nombramiento de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado, criticado por su cercanía al PSOE.

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha aceptado evaluar si estas decisiones vulneran los principios democráticos y la separación de poderes. Este movimiento supone un revés para el Gobierno de Sánchez, que insiste en que no hay injerencias políticas en la justicia, pese a las constantes denuncias de la oposición.

Díaz Ayuso ha sido una de las principales voces en denunciar la erosión institucional que sufre España bajo el mandato socialista. "Es gravísimo que se utilicen las leyes para proteger a familiares del presidente y que se controle la Fiscalía para favorecer al Gobierno", ha declarado la presidenta madrileña, subrayando que la comunidad internacional no puede mirar hacia otro lado mientras España avanza hacia el deterioro democrático.

La investigación en Bruselas pone en el punto de mira al Ejecutivo de Sánchez y abre la puerta a futuras sanciones o advertencias por parte de la Unión Europea. Mientras tanto, desde el PP insisten en que seguirán llevando el caso a todas las instancias necesarias para frenar lo que consideran un ataque sin precedentes a la independencia judicial.

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