El PP califica de inconstitucional la cesión de competencias de inmigración a Cataluña y tilda a Sánchez de "pelele"

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha anunciado este martes que los servicios jurídicos de su formación ya están analizando el acuerdo entre el PSOE y Junts para delegar competencias de inmigración a Cataluña. Desde el PP consideran que este pacto "vulnera el marco constitucional" y han advertido que explorarán las vías legales para impugnarlo.

Gamarra hizo estas declaraciones en el Fórum Europa, organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid, donde acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser "un pelele absoluto del separatismo". Según la dirigente popular, la competencia en materia de inmigración "debe ser exclusiva del Estado" y su transferencia a una comunidad autónoma es jurídicamente inviable.

"Nuestros servicios jurídicos ya están analizando el texto con profundidad para estudiar las posibilidades de recurrirlo ante el Tribunal Constitucional, en caso de que finalmente sea aprobado por el Congreso", confirmó Gamarra. A su juicio, este acuerdo deja en evidencia la supuesta debilidad de Sánchez ante los partidos independentistas.

El pacto entre PSOE y Junts, registrado este martes, establece un sistema de cooperación por el cual los Mossos d'Esquadra trabajarán junto a la Policía Nacional y la Guardia Civil en la frontera catalana, dependiendo del Ministerio del Interior. Además, Cataluña se convertirá en "ventanilla única" para autorizaciones de residencia y expedirá documentos de identidad para extranjeros basándose en el Registro del NIE del Estado español.

Asimismo, el acuerdo contempla un incremento de 1.800 efectivos en el cuerpo de Mossos d'Esquadra, alcanzando un total de 26.800 agentes. Cataluña también asumirá competencias sancionadoras en procedimientos administrativos y gestionará los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) en su territorio. En cuanto a las expulsiones, las que no requieran expediente quedarán bajo la competencia de la Generalitat, mientras que aquellas que sí lo necesiten dependerán de una propuesta autonómica supervisada por la Junta de Seguridad de Cataluña.

Desde el PP han insistido en que seguirán explorando todas las vías jurídicas y políticas para frenar esta cesión de competencias, que consideran una nueva cesión del Gobierno central ante las exigencias independentistas.