División en la izquierda más allá del PSOE tras su pacto con Puigdemont: Podemos contra los "racistas" de Junts

Agitado martes el que nos ha dejado la confirmación de otra de las concesiones de Pedro Sánchez a Carles Puigdemont como pago de su apoyo para ser investido. El Estado cederá parte de las competencias en inmigración y control de fronteras a la Generalitat de Cataluña. Un pacto registrado ya en el Congreso y por el cuál el gobierno catalán gestionará los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y decidirá sobre la devolución de inmigrantes con prohibición de entrada. Además, otorgará a los Mossos d'Esquadra mayor poder en la seguridad de puertos y aeropuertos.

La postura en la oposición es clara y así lo han trasladado Partido Popular y Vox durante toda la jornada. Miguel Tellado ha sido uno de los más explícitos pero, a su vez, de los que mejor ha definido la situación: "Sánchez es un pelele de Puigdemont". Opiniones más variadas en los otros socios del PSOE, la denominada "izquierda más allá" de los socialistas. Los más críticos, Podemos, mientras que Yolanda Díaz apoya -esta vez sí- a sus compañeros de Gobierno. Eso sí, en Sumar, donde cada partido que lo forma es de su padre y de su madre, la división es palpable.

Podemos no apoya el pacto con los "racistas" de Junts

En el caso de Podemos ha sido su actual secretaria general y también exministra, Ione Belarra, la que ha lanzado un mensaje claro al PSOE: su partido sigue oponiéndose a la transferencia de competencias de inmigración a Cataluña. Sin embargo, abre la puerta al diálogo solo si antes se cumplen dos condiciones: si se aprueba en el Congreso la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regularizar migrantes y si el Gobierno ofrece garantías de que Junts no utilizará esta cesión para aplicar políticas "racistas".

Belarra ha sido tajante en su crítica al acuerdo entre los socialistas y Junts, con los que se ha despachado a gusto. Un partido que ha calificado de "abiertamente racista" y que, según ella, está usando el debate migratorio como arma electoral para competir con la ultraderecha de Aliança Catalana. En este sentido, ha cuestionado la viabilidad del pacto: "No sé con qué votos pretende sacar adelante el PSOE este acuerdo con Junts, pero con los de Podemos, desde luego, no será". 

"Primero, Junts tiene que demostrar que no quiere estas competencias para lo que todo el mundo está viendo: hacer políticas racistas y aún más duras que las del PSOE, que ya es decir", ha recalcado Belarra. Declaraciones por cierto en el Canal Red de Pablo Iglesias. También ha puesto en duda que el PSOE pueda ofrecer garantías reales sobre el uso que hará Junts de estas competencias en el futuro.

Una postura reforzada durante el día por su portavoz, Pablo Fernández, afirmando que su partido votará en contra, llegando a afirmar que sin su apoyo la medida tiene pocas opciones de prosperar. También ha definido a Junts como un partido "racista" y "claramente anti-inmigración". Además, ha reprochado que ni el PSOE ni Sumar hayan consultado a Podemos antes de cerrar el acuerdo.

Por último, Belarra no se ha olvidado de su compañera Yolanda Díaz, a la que también ha criticado abiertamente por respaldar el acuerdo. Para Belarra, este apoyo refleja la "mimetización" de Sumar con el PSOE: "Sánchez está en una posición comodísima, en un Gobierno donde solo manda él y se hace lo que dice el PSOE. Las declaraciones de Yolanda esta mañana lo demuestran".

Yolanda Díaz lo tiene claro pero Sumar... no tanto

Esas declaraciones a las que se refiere Ione Belarra las ha realizado durante la mañana en TVE la vicepresidenta segunda, defendiendo el acuerdo entre PSOE y Junts. Para intantar calmar un poco las aguas, ha asegurado que se trata de una "delegación compartida" que "no altera las competencias del Estado". Sin embargo, fieles representantes del 'sanchismo' como son Fernando Grande-Marlaska o Pilar Alegría han defendido en algún momento que era imposible ceder ni siquiera alguna competencia.

Sin embargo, la medida ha generado opiniones encontradas dentro de Sumar. Mientras que los Comunes y Més per Mallorca han celebrado la iniciativa, Más Madrid, Compromís y Chunta Aragonesista han mostrado reticencias, especialmente en relación con los derechos de los migrantes.

Desde los Comunes, Aina Vidal ha respaldado el acuerdo, aunque ha exigido una reforma inmediata de la Ley de Extranjería. Por su parte, Gerardo Pisarello ha llamado a los socios de la investidura a apoyar la medida, destacando que hay margen para modificarla con enmiendas. Més per Mallorca también se ha mostrado a favor, con su diputado Vicenç Vidal defendiendo que la descentralización es clave para avanzar en federalismo y plurinacionalidad, aunque ha advertido que la derecha y la ultraderecha utilizarán el tema para hacer demagogia.

En el lado crítico, Más Madrid ha tachado la propuesta de "mala idea" y "mal precedente", temiendo que genere una competencia entre comunidades para aplicar políticas migratorias más restrictivas. Su portavoz, Manuela Bergerot, ha alertado del riesgo de fomentar xenofobia con este tipo de cesiones.

Dentro de Compromís, el diputado Alberto Ibáñez ha sido muy duro con el pacto, afirmando que "no hay diferencia entre gestionar una prisión ilegal en español o catalán", y ha insistido en que la única medida coherente con los derechos humanos sería cerrar los CIEs. Su compañera Águeda Micó, aunque defiende el autogobierno, también exige mayores garantías para los migrantes y la inclusión del cierre de los CIEs en la ley, una postura compartida por Chunta Aragonesista.

Desde esta última formación, Jorge Pueyo ha recalcado que cualquier cesión de competencias debe garantizar los derechos humanos, y ha criticado que este debate esté favoreciendo el discurso de la extrema derecha catalana y española.