Un año después de la filtración, el fiscal general no gana "el relato" y Moncloa tampoco

"Hay que ganar el relato". Es la consigna que da Álvaro García Ortiz hace justo un año. Aquel día, el fiscal general del Estado podría haber removido Roma con Santiago para -supuestamente- conseguir que los datos personales de Alberto González Amador -pareja de Isabel Díaz Ayuso- llegaran a una serie de medios de comunicación determinados. O eso, al menos es lo que investiga el magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado. Los indicios apuntan en esa línea. 365 días después de unos acontecimientos sobre los que aún hay muchos silencios atronadores, ni García Ortiz ha conseguido su objetivo, ni Moncloa tampoco. 

El 14 de marzo de 2024 se destapa uno de los casos más polémicos y controvertidos en el que podrían haber intervenido algunas de las más altas instituciones de este país. Esta filtración no solo puso en el ojo del huracán a la política madrileña, sino que también puede llegar a arrastrar al entorno más próximo de Pedro Sánchez. El origen de esta filtración se encuentra en la Fiscalía General del Estado, con Álvaro García Ortiz, como una de las figuras centrales. 

Un hecho inédito en nuestra democracia, ya que nunca antes un fiscal general había estado bajo la lupa como investigado. Un año después, la situación no ha hecho más que complicarse, y la crisis de credibilidad continúa afectando a todos los implicados, desde el propio fiscal hasta Moncloa.

De "salida" a "destino"

La ya famosa filtración de los datos personales de Alberto González Amador, un acto ilegal y reprochable, ha destapado una serie de preguntas -algunas todavía sin aclarar- sobre la actuación de determinados actores principales de nuestro Estado. El hecho de que el correo electrónico que contenía los datos tuviera su "salida" en la Fiscalía General del Estado y su "destino" en el Palacio de la Moncloa, tal como reveló el magistrado Ángel Luis Hurtado en un auto demoledor, ha provocado un terremoto institucional. 

La conexión entre la Fiscalía, Moncloa y el PSOE dejó claro que la filtración no fue un simple error, sino que respondía a un propósito concreto, lo que no ha hecho más que aumentar la tensión política entre las partes, con el PP exigiendo más que responsabilidades.

Imputación y poca colaboración

Nunca antes un fiscal general había sido imputado en la historia democrática reciente de España. La figura del fiscal general, que debe velar por la independencia y el buen hacer de la Justicia, se vio sacudida por este escándalo. García Ortiz, que se mantiene firme en su puesto, asegura que actuó correctamente y no tiene intención de dimitir, a pesar de estar bajo investigación. Él no da el paso, pero habría que preguntarse si esa posición depende sólo de él.

Su postura desafiante se suma a la falta de acción por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien, en lugar de exigir responsabilidades, ha mantenido una actitud permisiva. En la que, incluso, se atrevió a lanzar una pregunta al aire más que controvertida: ¿Quién le va a pedir perdón al fiscal general? 

La situación pone en tela de juicio la independencia de las instituciones y genera una sombra de sospecha sobre el manejo político de la Justicia.

Los mensajes se conservarán

Uno de los elementos clave que ha alimentado la controversia en los últimos días es la confirmación de WhatsApp y Google ante la UCO -Unidad Central Operativa de la Guardia Civil- de que conservan los mensajes borrados por García Ortiz.

Esta información revela la posibilidad de recuperar comunicaciones cruciales para la investigación. El hecho de que grandes compañías tecnológicas colaboren con las autoridades pone de manifiesto la relevancia de las pruebas y la determinación de la Justicia para esclarecer lo ocurrido, a pesar de la falta de colaboración. O, por qué no decirlo, los esfuerzos de ocultación.

La número dos del número dos de Sánchez

Otro nombre propio involucrado en este escándalo es el de la nueva secretaria de organización de los socialistas madrileños, Pilar Sánchez Acera, quien, en un comportamiento similar al de García Ortiz, ha insistido en no recordar nada sobre los hechos y ha cambiado de teléfono móvil, complicando aún más el proceso de esclarecimiento de la verdad. 

La conexión de Sánchez Acera apunta hacia arriba. Cabe recordar que en el momento de los hechos, además de trabajar junto a Juan Lobato en la Asamblea de Madrid, era jefa de gabinete de Óscar López, quien a su vez era jefe de gabinete de Pedro Sánchez. 

El papel de Sánchez Acera en presidencia del Gobierno refuerzan la idea de que el caso no es solo un incidente aislado, sino que su puesto y responsabilidades dependían de otros superiores. ¿Acabará ella imputada? ¿Lo hará Óscar López? ¿Y Sánchez? Estas son otras de las cuestiones que sobrevuelan también en Ferraz.