Koldo sigue su guerra particular contra la UCO: denuncia ante la Fiscalía las filtraciones de su "agenda"

Koldo García ha registrado una denuncia a la Fiscalía General del Estado (FGE) indignado por lo que considera un delito de revelación de secretos. Sostiene que su "agenda" —es decir, la información contenida en los dispositivos incautados durante el registro en su domicilio— ha sido filtrada a la prensa y señala directamente a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como responsable.

En su escrito, el exasesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes detalla que el 19 de febrero de 2024 la Guardia Civil incautó diversos dispositivos electrónicos en su vivienda, incluidos teléfonos móviles, ordenadores, tablets y pendrives. Estos dispositivos contenían no solo datos sobre su "actividad profesional", sino también información personal y de terceras personas ajenas al 'caso Koldo'.

"Actualmente, y pese a haber solicitado reiteradamente la devolución de los dispositivos o, al menos, una copia clonada de los mismos, lo cierto es que siguen en poder de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil", denuncia. Insiste en que no consta un traslado oficial de su contenido, mientras que los medios han publicado informaciones detalladas sobre lo que se ha dado en llamar "la agenda de Koldo".

García subraya que las filtraciones han expuesto "datos e información de terceras personas que nada tienen que ver con el procedimiento judicial", atentando contra el derecho a la intimidad protegido por el artículo 18 de la Constitución. Por ello, exige que se frenen estas filtraciones y se identifique a los responsables dentro de la UCO.

"Resulta evidente que, si la UCO es la única entidad que ha tenido acceso a mis dispositivos desde su incautación, la conclusión lógica es que la fuente de estas filtraciones es la Guardia Civil", asevera con firmeza.

Una práctica "habitual"

Para el investigado esta situación no es nueva. "Esta práctica, que viene siendo habitual desde que se iniciasen los procedimientos judiciales en los que me encuentro investigado, no puede ser admitida en ningún caso", denuncia, argumentando que no solo vulnera su intimidad, sino también la de los terceros afectados. Además, recalca que "supone la aparente comisión de un delito de revelación de secretos, agravado por la condición de autoridad o funcionario público" de los responsables.

Asimismo, defiende que la protección de datos personales y el respeto al honor y la intimidad deben ser "una política compartida y protegida por y para todos los ciudadanos, independientemente de su ideología o profesión". En este sentido, insiste en que se debe "impedir, prohibir y castigar" el uso de datos personales con fines partidistas o políticos.

Por ello, solicita a la Fiscalía que abra diligencias de investigación para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades, asegurando que "se eviten nuevas filtraciones".

El registro: "violento" y "desmedido"

El de las presuntas filtraciones es otro capítulo de la guerra que Koldo mantiene abierta con la UCO. Y es que esta misma semana también denuncia el despliegue policial durante el registro de su domicilio. Califica la actuación de la Guardia Civil como "violenta, desmedida, excesiva y totalmente desproporcionada".

Explica que la operación se llevó a cabo con autorización judicial del magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno y que en la vivienda estaban su esposa y su hija de tan solo tres años. A pesar de ello, los agentes irrumpieron con "un descomunal operativo de una veintena de agentes, armados con pistolas y subfusiles, equipados con material antiterrorista, cascos y pasamontañas". Asegura que la violencia fue "extrema, tanto física como verbal".

Adjunta como prueba la grabación del registro, donde se podría apreciar, según él, "la actuación inexplicable, injustificada y desmedida" de los agentes. Denuncia que "se violaron todos los protocolos vigentes", poniendo en riesgo la seguridad de su hija, quien, según él, ha sufrido "secuelas traumáticas" desde entonces.

"Les ofrecí las llaves"

García insiste en que el violento despliegue podría haberse evitado. Revela que, consciente de que era objeto de seguimientos, ofreció en múltiples ocasiones entregar las llaves de su vivienda para evitar una irrupción forzada. "Lo hice en el espacio temporal de los últimos seis meses anteriores a la entrada y registro, desde septiembre de 2023 hasta finales de enero de 2024", afirma.

Según su testimonio, contactó hasta en tres ocasiones con un comandante del Servicio de Información de la Guardia Civil, en dos ocasiones con un teniente coronel de la UCO y en cuatro ocasiones con un coronel de la Unidad Central Especial 2 (UCE-2). También trasladó su preocupación a un general de Brigada. "Mi único objetivo era mitigar el impacto de una intervención de tal magnitud sobre mi hija", subraya.

Ante estos hechos, solicita a la Fiscalía que analice la grabación adjunta y valore si la actuación de la UCO justifica la apertura de diligencias de investigación. Además, pide que se remita la denuncia a la Fiscalía de Menores para que se evalúe el impacto de los hechos en los derechos de su hija, subrayando que "es responsabilidad de la justicia velar por el interés de los menores".