AMNISTÍA DE PUIGDEMONT
El Supremo cierra la puerta a Puigdemont y a su amnistía por malversación: ¿Qué hará el Constitucional?
El Tribunal Supremo avala la decisión del magistrado instructor del 'procés', Pablo Llarena, de no aplicar la amnistía al delito de malversación por el que está procesado el expresidente catalán Carles Puigdemont y sus exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig.
El expresidente de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont.
Malas noticias para Carles Puigdemont. O lo que es lo mismo, para Pedro Sánchez. El Tribunal Supremo ha hablado, y lo ha hecho en los términos más duros posibles: el expresidente huido de la justicia no puede beneficiarse de la amnistía en lo relativo al delito de malversación agravada.
La decisión no sólo complica el regreso político del político fugado, sino que también plantea un escenario de colisión directa entre el Poder Judicial y el Gobierno de coalición PSOE-Sumar, impulsor de una ley de amnistía diseñada a medida de sus socios independentistas.
El Tribunal Supremo ha avalado la decisión del magistrado instructor del 'procés', Pablo Llarena, de no aplicar la amnistía al delito de malversación por el que está procesado, no sólo el expresidente catalán Carles Puigdemont, también sus exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig.
Los magistrados Vicente Magro, Eduardo de Porres y Susana Pola han desestimado los recursos de apelación que presentaron las defensas al considerar que la decisión de Llarena "no contraviene la voluntad del legislador", según recoge la nota informativa de la Sala.
Pendientes de Cándido Conde-Pumpido
Ahora todas las miradas se dirigen hacia el Tribunal Constitucional, que se verá obligado a resolver el conflicto de fondo: ¿puede un Gobierno amnistiar delitos de corrupción vinculados a la malversación de caudales públicos, aunque estos se cometieran en un contexto de movilización política?
Llegados a este punto, de quien hay que estar pendiente es de Cándido Conde-Pumpido, presidente del Constitucional, quien ya ha avanzado esta misma semana que prevé poder resolver la amnistía "antes de verano".
Pumpido también ha asegurado que le "preocupa muchísimo" que se esté cuestionando la legitimidad del Constitucional desde la política y desde el Supremo: "Cuestionar al Constitucional es cuestionar a la Constitución y al sistema democrático"
El dilema y sus posibles consecuencias
De este modo, el Constitucional se encuentra ante un dilema de primer nivel: si avala la interpretación del Supremo, dinamita uno de los pilares políticos del actual Gobierno. Si la corrige, abre un debate sobre los límites del legislador para reescribir el Código Penal mediante amnistías selectivas.
Los precedentes son escasos y las consecuencias, mayúsculas. Una sentencia favorable a Puigdemont podría ser recurrida ante instancias europeas, donde ya existe un clima de creciente desconfianza hacia las amnistías de este tipo.
Por otro lado, no hay que olvidar que el Constitucional está controlado actualmente por una mayoría progresista -siete frente a cuatro-, lo que añade un componente político evidente al desenlace. Pero el tribunal también es consciente de que cualquier decisión que adopte quedará bajo el escrutinio de Bruselas y de la opinión pública internacional.
Europa observa de cerca
Las instituciones europeas ya han manifestado recelos ante las leyes de amnistía que puedan socavar el principio de igualdad ante la ley. La Comisión Europea ha pedido explicaciones formales al Gobierno español y sigue con atención los desarrollos judiciales.
El riesgo para España es doble: por un lado, perder reputación jurídica como Estado de Derecho; por otro, alimentar la narrativa de un Ejecutivo dispuesto a desbordar los límites legales para asegurar su supervivencia parlamentaria.