El portavoz de 'Independientes de la Guardia Civil' habla claro tras la decisión de Sánchez contra Marlaska: "Estamos muy preocupados"

La ruptura unilateral del contrato con la empresa israelí encargada del suministro de munición a la Guardia Civil, ordenada directamente por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha encendido las alarmas dentro del Instituto Armado. Desde la asociación Independientes de la Guardia Civil (IGC) no ocultan su “enorme preocupación” ante las posibles consecuencias operativas y formativas que puede acarrear esta decisión, adoptada en el marco del veto de Moncloa al comercio de armas con Israel como respuesta a la ofensiva bélica de Netanyahu en Gaza.

En declaraciones a esdiario.com, el portavoz de IGC, el guardia civil Daniel Fernández, ha afirmado que “ya sin entrar en materia política, porque no es concerniente a nosotros, sí que estamos preocupados porque esta situación de rescisión de contrato pueda afectar a medio plazo al abastecimiento de cartuchos que tiene la Guardia Civil”.

Fernández ha querido contextualizar la importancia de este suministro para el día a día de los agentes, señalando que “los guardias civiles realizamos con carácter general dos ejercicios, dos prácticas de tiro al año y para ello se requiere munición de fuego real”. Y añade: “La Guardia Civil actualmente opera con tres armas cortas que son la HK, la Beretta y las polémicas pistolas 'Ramón'. Estas pistolas no es que necesiten unas balas especiales, sino que en su inicio, cuando se adquirieron, se detectaron una serie de incidencias durante su utilización y el fallo consistía en que esa munición no se detonara de forma correcta y producía una serie de interrupciones”.

El portavoz de IGC recuerda que las ‘Ramón’ llegaron con polémica y problemas técnicos desde su puesta en servicio, lo que obligó a su retirada temporal para su análisis técnico. “Temporalmente, esas armas se apartaron de su uso y por parte de la Guardia Civil de la unidad competente se realizó un estudio para ver qué es lo que estaba fallando y finalmente se detectó que podía deberse a un problema en la detonación de esa munición”, explica Fernández. “Y por este motivo se encargó a esta empresa la adquisición de una munición para minimizar esas interrupciones”.

Lejos de tratarse de un suministro exclusivo para una sola arma, la munición encargada a la empresa israelí podía ser utilizada por el resto del armamento en uso dentro del cuerpo. “Esa munición en concreto minimizará las interrupciones que producía el arma Ramón. Pero también podrían ser utilizadas por el resto de armas que actualmente utilizamos los guardias civiles”, puntualiza.

Por ello, desde IGC advierten de que esta ruptura puede empeorar aún más las ya limitadas condiciones formativas de los agentes: “Nos preocupa enormemente que el no recibir esta cantidad de munición limite todavía más la ya de por sí mermada cantidad de armas de balas que podemos disponer para nuestras prácticas y nuestra formación continuada”.

Ante este escenario, Fernández lanza una petición directa al Ejecutivo: “Nosotros desde aquí hacemos un llamamiento para que se agilice”.

La decisión del presidente Sánchez de romper el contrato se enmarca en su promesa pública de no mantener relaciones comerciales de armamento con Israel, pero puede salirle cara tanto en términos operativos como económicos: el Estado podría enfrentarse al pago de una indemnización que alcanzaría los 6,6 millones de euros, el valor íntegro del contrato, sin haber recibido la munición.

Un nuevo capítulo en la erosión del ya debilitado crédito político del presidente del Gobierno, cuyas decisiones ideológicas empiezan a generar consecuencias tangibles en la seguridad y operatividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.