sobre tenencia de drogas
La última decisión de Grande Marlaska que indigna a guardias civiles
La decisión de la Secretaría de Estado de Seguridad, según AUGC, convierte a los vehículos particulares estacionados “en espacios de impunidad donde los infractores pueden consumir o portar drogas".
El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) manifiesta en un comunicado “su más firme rechazo a la Instrucción 7/2025 de la Secretaría de Estado de Seguridad, que impide considerar infracción administrativa el consumo o tenencia ilícita de drogas en el interior de vehículos particulares estacionados, salvo que estén en tránsito”.
Alegan que esta disposición está “basada en una interpretación restrictiva del artículo 36.16 de la Ley de Seguridad Ciudadana y en argumentos de supuesta privacidad, establece un preocupante vacío legal que deja sin cobertura jurídica a los agentes en casos que sí generan alarma social y riesgo para la seguridad”.
Para AUGC esta instrucción convierte a los vehículos particulares estacionados “en espacios de impunidad donde los infractores pueden consumir o portar drogas sin que los guardias civiles puedan actuar, siempre que no se trate de transporte colectivo ni exista tránsito”.
Guardia civil haciendo un control de drogas.
“Una vez más, se legisla desde el despacho ignorando la realidad diaria de los agentes y el sentido común. Esta decisión beneficia claramente a quienes viven al margen de la ley, resta eficacia al trabajo policial y transmite a la ciudadanía una imagen de permisividad intolerable”, reflexionan desde esta asociación de Guardias Civiles.
Desde AUGC consideran que esta norma es “un ataque directo a la autoridad y profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” ya que al privarles de herramientas para intervenir, se les convierte en testigos impotentes ante situaciones que atentan contra el bienestar común. “La lucha contra las drogas exige contundencia, coherencia y respaldo institucional, no limitaciones que debilitan la acción preventiva y protectora de los agentes”, añaden en el comunicado.
Así las cosas, desde AUGC se exige “la retirada inmediata de esta instrucción y una revisión normativa que refuerce el papel de las Fuerzas de Seguridad en la defensa de la legalidad, la seguridad vial y la convivencia”. “La seguridad no puede quedar subordinada a interpretaciones jurídicas que favorecen a los infractores. La ley debe servir para proteger a los ciudadanos, no para amparar conductas que ponen en riesgo su integridad”, añaden.