Reyes Maroto, ante el juez: admitida la demanda de la Comunidad por acusaciones sobre las muertes en residencias

Difícil de olvidar sus palabras. Se le pidió que rectificara en los mismos términos y no lo hizo. Así que, ahora llegan las consecuencias de tales afirmaciones. Lo que comenzó como una estrategia basada en el reproche moral ha terminado en una citación judicial. Reyes Maroto, exministra de Industria, candidata del PSOE a la alcaldía de Madrid en 2023 y portavoz de los socialistas en el consistorio, deberá responder ante un juez por acusar públicamente al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso de haber “dejado morir” a ancianos en residencias durante la pandemia. El bumerán político ha regresado por la vía civil.

El juzgado de primera instancia número 91 de Madrid ha admitido a trámite la demanda presentada por la Comunidad de Madrid contra Reyes Maroto. El origen de la demanda son las declaraciones realizadas por la exministra en las que afirmó que el Gobierno de Ayuso había sido responsable directo de muertes evitables en las residencias de mayores durante la primera ola del COVID-19.

Maroto, citada el próximo 10 de junio

Desde la Puerta del Sol se exigió a Maroto una rectificación pública ante los micrófonos, no un comunicado ambiguo en sus redes sociales. El Gobierno regional consideró que los daños causados a la reputación institucional requerían una desautorización explícita, en el mismo tono y canal en el que se lanzó la acusación. 

Reyes Maroto no lo hizo, y la vía judicial ha sido inevitable para los intereses de un gobierno autonómico que no olvida estas durísimas acusaciones. De hecho, la política del PSOE está citada en sede judicial el próximo 10 de junio.

El ejecutivo regional interpuso la demanda de conciliación el pasado 19 de marzo, como paso previo a la presentación de una querella si Reyes Maroto no se retracta de sus declaraciones, "con el objetivo de defender a los profesionales que durante tanto tiempo lo dieron todo para salvar vidas y para luchar contra una pandemia que fue mundial", informan desde la Comunidad.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Gobierno, Miguel Ángel García Martín, explicó que para el Ejecutivo autonómico estas declaraciones habían traspasado las líneas rojas de la "decencia política".

Ruptura de relaciones institucionales

El impacto político de aquellas declaraciones, que han siguen resonando, no se limitó al ámbito autonómico. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, no tardó en reaccionar, anunciando la ruptura de relaciones institucionales con el Grupo Municipal Socialista. Era su respuesta al “uso infame de las víctimas” con fines electorales. 

Con este gesto, inusual en la política municipal madrileña, se evidencia la gravedad percibida de los ataques vertidos por Maroto, con tal de sacar algo de rédito político y obtener un poco de protagonismo. Desde el entorno de Almeida se ha insistido en que no se trata de una decisión partidista, sino de una defensa de la dignidad de las instituciones locales y autonómicas frente a un relato, a su juicio, “cruel e insidioso”.

La demanda no persigue responsabilidad penal, sino una condena civil por daño moral a la institución. La defensa de Maroto previsiblemente alegará que sus declaraciones estaban amparadas por la libertad de expresión en un contexto de confrontación política. Pero el juzgado tendrá que decidir si esa libertad incluye el derecho a imputar conductas criminales a una administración cuya actuación ha sido ya exonerada por los tribunales.

Más de 60 denuncias archivadas

"El número de fallecidos de residencias que agita la izquierda y ultraizquierda fue un invento del entonces consejero del ramo, señor Reyero, que tuvo que ser apartado de sus responsabilidades por ineficaz. La falsedad nació de él". Es lo que se desprende del análisis de la Comunidad de Madrid sobre esa cifrad de 7.291 fallecidos con la que la izquierda tituló incluso un documental emitido en la radio televisión pública nacional, RTVE. 

Desde la Puerta del Sol, recuerdan que la Justicia ha archivado ya más de 60 denuncias. "Nunca hubo protocolos firmados por políticos. Ni discriminación. El número real de fallecidos en residencias fue de 4.100, y nunca porque no se les ayudara. Por más que se empeñen las plataformas políticas de la izquierda, la Comunidad de Madrid no tiene conocimiento de peticiones de las víctimas para ser recibidas. Deben saber que estamos a su entera disposición". 

Desde el Gobierno central y desde el PSOE parece que sólo quieren recordar a aquellas personas que durante la pandemia fallecieron en Madrid. Y, lamentablemente, hubo víctimas mortales en todas las Comunidades Autónomas. Como sucedió también en el resto del mundo.