El PP exige la dimisión inmediata del Fiscal General tras la investigación de la UCO
Lo hace tras conocerse que la UCO señala su papel "preeminente" en la presunta filtración de datos fiscales del novio de Isabel Díaz Ayuso
El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz
La presión política aumenta y el Partido Popular ha vuelto a cargar con fuerza contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. Lo hace tras conocerse que la UCO señala su papel "preeminente" en la presunta filtración de datos fiscales del novio de Isabel Díaz Ayuso.
La formación de Alberto Núñez Feijóo ha exigido de forma rotunda su dimisión inmediata, asegurando que no puede continuar “ni un minuto más” al frente de una institución que, según el PP, se ha convertido en “una herramienta al servicio del sanchismo con toga incluida”.
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El portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha liderado las críticas al Fiscal General, afirmando que los nuevos datos del informe de la Guardia Civil “refuerzan la tesis de que García Ortiz participó activamente en una operación de acoso político contra Ayuso a través de su entorno personal”.
Desde el Partido Popular se recuerda además que García Ortiz fue previamente asesor de Dolores Delgado, exministra de Justicia con Pedro Sánchez, y que su cercanía ideológica con el Ejecutivo lo convierte en una figura “absolutamente inhabilitada” para representar la imparcialidad del Ministerio Público.
La nota de prensa de la Fiscalía del 14 de marzo de 2024, en la que se incluían correos entre fiscales y abogados de la pareja de Ayuso, ha sido el detonante de una tormenta que no cesa. Para el PP, la prueba de que García Ortiz estuvo detrás es ya “irrebatible”.
Además, el partido ha acusado al Gobierno de “proteger con un muro de silencio” al Fiscal General. “Ni un ministro ha salido a dar explicaciones. ¿Dónde está la transparencia de la que tanto presumen?”, ha espetado Tellado, señalando directamente a Sánchez y a Yolanda Díaz.
En este contexto, los populares elevarán el asunto al Congreso y al Senado, y se reservan la posibilidad de impulsar iniciativas legales. “No vamos a permitir que se utilicen las instituciones del Estado para perseguir al adversario político. Esto no es Venezuela”, concluyen desde Génova.