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Otra pa’ lante: imputada Isabel Pardo de Vera por la contratación de Jéssica

El juez del caso Koldo cita como investigada a la expresidenta de Adif por los contratos de la ‘sobrina’ del ex ministro José Luis Ábalos en empresas públicas de las que cobraba por no trabajar

La expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera

La expresidenta de Adif, Isabel Pardo de VeraEuropa Press

Enrique Martínez Olmos

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El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Koldo ha citado como imputada a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, el próximo 29 de mayo para que dé explicaciones sobre la contratación de Jéssica Rodríguez, ex novia del ex ministro de José Luis Ábalos, en dos empresas públicas, Ineco y Tragsatec, en las que fue enchufada con trato de favor y luego cobrando pero no iba a trabajar.

En un auto, el juez Ismael Moreno sostiene que, de lo informado por el Tribunal Supremo, resulta que Isabel Pardo de Vera "habría tenido una decisiva participación en la contratación aparentemente irregular de Jéssica por la empresa Ineco", a instancia de Ábalos y de su exasesor en el Ministerio, Koldo García.

El juez de la Audiencia Nacional menciona los dos contratos de trabajo de Jéssica con Ineco y Tragsatec y explica que se trató de una actividad profesional de naturaleza administrativa en la que la trabajadora quedó adscrita a la presidencia de Adif, cargo que ostentaba entonces Isabel Pardo de Vera -hermana por cierto de la periodista sanchista y directora adjunta de Público, Ana Pardo de Vera-. 

Según el juez Ismael Serrano, "se desprende la existencia de indicios bastantes para considerar que Isabel Pardo de Vera ha tenido una relevante participación en la contratación aparentemente irregular por las empresas públicas Ineco y Tragsatec de Jéssica a instancia de Ábalos y Koldo García, sin que la trabajadora durante el periodo en que estuvo contratada desplegara actividad laboral alguna".

Los hechos que constan en las actuaciones, según el juez Ismael Serrano, podrían ser constitutivos de delitos de malversación de caudales públicos, habida cuenta del posible perjuicio para el patrimonio público, y delito de tráfico de influencias.

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