El PP acusa a Sánchez de orquestar una “cacería mafiosa” contra la Guardia Civil y proteger la corrupción
Manuel Cobo, diputado del PP, denuncia en el Congreso que el Gobierno de Sánchez persigue a mandos de la Guardia Civil en una “búsqueda rastrera” y ampara prácticas corruptas, mientras Félix Bolaños evade las acusaciones con ataques al pasado del PP.
Manuel Cobo Vega es un político y abogado español del Partido Popular
El Partido Popular ha elevado el tono contra el Gobierno de Pedro Sánchez, acusándolo de liderar una “cacería mafiosa” contra mandos de la Guardia Civil en lo que califican como una “búsqueda rastrera” para desacreditar a las Fuerzas de Seguridad. Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, el diputado del PP Manuel Cobo señaló al presidente Sánchez como el inductor de un Ejecutivo que no solo persigue a quienes investigan casos sensibles, como los que afectan al entorno de Sánchez, sino que también celebra “con jolgorio” las injurias del exministro José Luis Ábalos y protege intereses corruptos, como el supuesto rescate de una empresa vinculada a la mujer del presidente.
Cobo denunció que el Ministerio del Interior, bajo gestión socialista, ha sido escenario de “las mayores atrocidades y corrupción” de la democracia española, acusando a Sánchez de fomentar el transfuguismo y de insultar a presidentes socialistas y ministros.
En respuesta, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, intentó desviar las críticas acusando al PP de ser “el partido más difamador de Europa” y recordando sus condenas por corrupción en el pasado, sin abordar directamente las acusaciones sobre la persecución a la Guardia Civil.
El PP rechazó estas evasivas, insistiendo en que el Gobierno de Sánchez “sembrar odio” no limpia su historial de escándalos, que incluyen maniobras contra la UCO y la protección de figuras cercanas al poder. “Sánchez no solo maltrata a su propio equipo, sino que ataca a las instituciones que garantizan la ley y el orden para salvar su proyecto político”, afirmó Cobo, quien exigió al Ejecutivo que cese su campaña de descrédito contra la Guardia Civil y asuma responsabilidades por lo que el PP califica como una deriva autoritaria que amenaza la democracia.
La oposición promete seguir llevando estos casos a los tribunales y al Senado para desenmascarar lo que consideran un Gobierno sumido en la “decadencia moral”.