Trabajadores de prisiones alzan la voz tras los escándalos de Ana Julia Quezada y Miguel Carcaño

Tras saltar a la luz los escándalos de Ana Julia Quezada, asesina de Gabriel Cruz, y Manuel Carcaño, asesino de Marta del Castillo, sobre sus presuntos privilegios en las cárceles de Brieva y Herrera de la Mancha, respectivamente. Desde ACAIP, sindicato mayoritario entre el personal, queremos manifestar su "profundo malestar y rechazo ante el tratamiento sesgado, sensacionalista y carente de rigor con el que se está abordando la labor profesional que desarrollamos en las prisiones españolas". 

"Hemos defendido siempre el respeto a las investigaciones judiciales en curso, así como a la presunción de inocencia, principio básico de cualquier Estado de Derecho. Sin embargo, asistimos con preocupación a la difusión de declaraciones de ex personas internas o familiares de personas privadas de libertad que, sin respaldo probatorio, realizan afirmaciones categóricas o insinuaciones sobre supuestos tratos de favor, irregularidades o actuaciones ilícitas por parte del personal penitenciario", añaden.

En su comunicado recuerdan que se trata de testimonios que "lejos de esclarecer los hechos, generan un relato perjudicial y difamatorio, basado en suposiciones o fórmulas tan poco rigurosas como 'he oído...', 'se comentaba...', 'creo que...'. No se puede construir una acusación sin pruebas, ni alimentar una sombra de duda sobre un colectivo por declaraciones sin contrastar, muchas veces motivadas por intereses personales, estrategias de defensa o simple búsqueda de notoriedad".

Para ACAIP estas "opiniones y declaraciones interesadas que, lejos de esclarecer la verdad, generan un relato, estereotipado y desfasado, que contribuyen a sembrar la sospecha, el descrédito y la criminalización injusta del colectivo de trabajadores que desarrolla su labor en condiciones muchas veces extremas, con un alto nivel de profesionalidad, compromiso y responsabilidad".

Para el sindicato se trata de una "campaña de desprestigio hacia el personal penitenciario se ve agravado por la absoluta falta de respuesta institucional, que lejos de garantizar nuestra seguridad laboral e integridad moral, con su silencio y la ausencia de un reconocimiento firme a nuestra labor, es cómplice de la misma".

"Los funcionarios y funcionarias de prisiones desempeñamos un servicio público esencial. Nuestra labor, silenciosa pero imprescindible, se basa en el cumplimiento estricto de la legalidad, la ética profesional y los principios del Estado de Derecho. De hecho, nuestra actividad diaria está sujeta a estrictos protocolos y supervisión constante", puntualizan.

"Nos encargamos de la ejecución penal de las penas privativas de libertad, enfrentándonos a aquellos individuos que han cometido los crímenes más execrables, y hacemos nuestro trabajo con rigor, conjugando la pena impuesta con aquellos derechos que no se han visto restringidos. Por ello, no toleramos, ni dentro ni fuera de nuestro ámbito, conductas corruptas, abusivas o delictivas. Cuando se producen comportamientos reprobables exigimos su investigación y, en su caso, la aplicación rigurosa de las sanciones correspondientes. Generalizar y sembrar sospechas sobre todo un colectivo por hechos que ni siquiera han sido demostrados, no solo es injusto, sino que supone un atentado directo contra la dignidad y el prestigio de estos trabajadores públicos", recuerdan en su comunicado.

Interpelan a la sociedad 

En su texto consideran que "el impacto desproporcionado que este tipo de campañas mediáticas tiene sobre todo el personal penitenciario y en especial sobre las mujeres. Se han difundido insinuaciones o acusaciones, sin fundamento, carentes de pruebas, que no solo vulneran la dignidad personal y profesional, sino que contribuyen a un relato sexista perpetuando una narrativa anacrónica, sexualizada e injusta".

Recuerdan su rechazo "de forma contundente cualquier conducta irregular o contraria a la legalidad, venga de quien venga. Pero lo que no se puede permitir es que, en ausencia de pruebas, el trabajo de miles de empleadas y empleados públicos quede manchado por generalizaciones injustas derivadas de testimonios sin fundamento".

"No se puede ni se debe extender una sombra de duda sobre miles de profesionales por el simple hecho de que existan declaraciones sin corroborar. Exigimos a los medios de comunicación responsabilidad, rigor informativo y respeto. El sensacionalismo no puede prevalecer sobre la verdad, ni el espectáculo sobre la ética periodística. El daño que se está generando es profundo y afecta no solo a las personas trabajadoras, tanto en nuestros cometidos y responsabilidades profesionales como en nuestro ámbito personal y familiar, sino también al prestigio de una institución fundamental para la sociedad", añaden.

"A la ciudadanía le pedimos que no se deje arrastrar por juicios paralelos ni generalizaciones injustas. Seguiremos trabajando con responsabilidad, compromiso y vocación de servicio público, condenando cualquier actitud impropia. Nuestro trabajo es muchas veces invisible, pero es esencial. Y merece el máximo respeto", rematan.