La Asociación de Fiscales denuncia los tratos del PSOE con la fiscalía para atacar a la UCO
La presidenta, Cristina Dexeus, critica las maniobras de Leire Díez para influir en la Fiscalía y alerta del poder omnímodo del Fiscal General en la reforma de Sánchez
Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), ha condenado enérgicamente las maniobras del PSOE reveladas en audios filtrados, donde Leire Díez, señalada como una “fontanera” del partido, ofrecía a un empresario investigado beneficios de la Fiscalía a cambio de información contra Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En una entrevista en ESdiario Televisión, Dexeus calificó estas prácticas como “rechazables” y defendió la integridad institucional: “En una Fiscalía de un Estado Democrático de Derecho se llevan las actuaciones a través de los cauces oficiales y nunca un portavoz o un mensajero de un partido político puede estar comprometiendo la actuación de los fiscales”.
Con cautela ante la falta de detalles, Dexeus insistió en que “habrá que ver exactamente qué es lo que está sucediendo y si da lugar a investigaciones judiciales”. Los audios, publicados por medios como El Confidencial y The Objective, muestran a Díez prometiendo al empresario, implicado en una trama de hidrocarburos, interceder ante la Fiscalía para eludir una condena si proporcionaba material contra el mando de la UCO Antonio Balas y algunos fiscales.
Este escándalo se enmarca en la controversia por la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, impulsada por Pedro Sánchez y Juan Carlos Bolaños, que otorgaría a la Fiscalía control exclusivo sobre la UCO. Dexeus expresó un “rechazo frontal” a esta reforma, que “aglutina todo el poder de la Fiscalía en la figura del Fiscal General del Estado” sin contrapesos. “No se concede independencia, autonomía presupuestaria para el Ministerio Fiscal. Con lo cual seguimos dependiendo del Ministerio de Justicia”, afirmó, destacando que esta dependencia impide “una desconexión absoluta del Poder Ejecutivo”.
El caso del Fiscal General
Dexeus también abordó la crisis del Fiscal General, Álvaro García Ortiz, investigado por el Tribunal Supremo por presunta revelación de secretos en el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Criticó que la reforma no prevea el cese de un Fiscal General investigado: “No tiene ninguna justificación que, cuando el Fiscal General del Estado está siendo investigado por el Tribunal Supremo, no haya ningún tipo de previsión estatutaria”. Propuso la “separación del cargo inicial” en caso de procesamiento y recordó que la AF ha solicitado “tantísimas ocasiones” la dimisión de García Ortiz, aunque ahora espera avances en el procedimiento.
En respuesta a estos hechos, cinco asociaciones judiciales y fiscales, incluida la AF, emitieron un comunicado rechazando los anteproyectos de reforma de la carrera judicial y fiscal. “Hemos decidido realizar acciones para poner de manifiesto el rechazo a esos anteproyectos”, explicó Dexeus, anunciando un paro de diez minutos el 11 de junio y contactos con el GRECO para alertar sobre el “debilitamiento del Estado de Derecho en España”. Aunque los fiscales están capacitados para investigar delitos, Dexeus aclaró que “no podemos asumir esa investigación de cualquier manera” y que la reforma no reúne “las condiciones necesarias” para garantizar independencia.
Dexeus subrayó que las maniobras del PSOE, como las de Díez, amenazan la credibilidad de la Fiscalía. Su rechazo a que “un mensajero de un partido político” interfiera en las actuaciones fiscales refleja la gravedad del caso, que pone en riesgo la autonomía judicial. La presidenta instó a esclarecer estos hechos para proteger el Estado de Derecho, en un contexto donde la reforma propuesta y la situación de García Ortiz agravan las dudas sobre la independencia de la Fiscalía.