Aragón desborda su capacidad para atender a menores migrantes mientras Sánchez cede a los chantajes de Puigdemont
La comunidad atendió a 494 menores no acompañados en 2024, con un pico de ocupación del 207,69% en diciembre, mientras su consejera de Bienestar Social denuncia que el Gobierno central usa la crisis migratoria para favores políticos, eximiendo a Cataluña de responsabilidades.
La consejera de Bienestar Social y Familia de Aragón, Carmen Susín, en la rueda de prensa en la que ha informado sobre los datos de menores migrantes en la comunidad autónoma.
Aragón ha enfrentado en 2024 una presión sin precedentes en su sistema de protección de menores, atendiendo a 494 menores migrantes no acompañados, con un pico de ocupación del 207,69% en diciembre, según ha revelado la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín. Con solo 104 plazas estructurales disponibles para este colectivo, la comunidad ha tenido que redoblar esfuerzos ante una crisis migratoria que el Gobierno de Pedro Sánchez ha gestionado con una mezcla de negligencia y oportunismo político.
Susín ha denunciado que el Real Decreto Ley sobre el reparto de menores, impulsado por el Ejecutivo central, no solo invade competencias autonómicas, sino que beneficia a Cataluña en detrimento de otras regiones, evidenciando un pacto con los independentistas para apuntalar la continuidad de Sánchez en Moncloa.
En rueda de prensa, Susín detalló que Aragón cuenta con 364 plazas totales en su sistema de protección, de las cuales 104 están destinadas a menores migrantes no acompañados, mientras el resto se distribuyen entre otros colectivos vulnerables, como menores embarazadas, con discapacidad o en procesos de reunificación familiar. A 31 de diciembre de 2024, la comunidad atendía además a 119 jóvenes extutelados en programas de transición a la vida adulta, un esfuerzo que, según la consejera, no cuenta con financiación estatal.
La sobrecarga del sistema, que alcanzó un 207,69% de ocupación en diciembre, pone en evidencia la falta de recursos y personal para hacer frente a la llegada de menores, una situación agravada por la negativa del Gobierno central a asumir su responsabilidad en la crisis migratoria, especialmente en Canarias, donde más de 1.200 menores solicitantes de asilo esperan reubicación.
La consejera aragonesa ha sido contundente al señalar que el Real Decreto Ley, lejos de proteger el interés superior del menor, responde a “intereses políticos y acuerdos partidistas” que excluyen a Cataluña del reparto equitativo de menores, mientras exigen a comunidades como Aragón mantener centenares de plazas vacías por decisión de “un prófugo de la justicia” como Carles Puigdemont.
Susín ha destacado que, mientras Aragón acogió a un menor por cada 2.736 habitantes en 2024, Cataluña lo hizo por cada 3.069, reduciendo incluso sus cifras de recepción en los meses de mayor presión migratoria. Este escenario refleja la sumisión del Gobierno de Sánchez a los intereses independentistas, dejando a comunidades como Aragón al borde del colapso y sin financiación adicional.
La negativa inicial de Aragón a compartir datos, ahora cumplida por mandato judicial, responde a la convicción de que el decreto es inconstitucional y fomenta la desigualdad entre regiones, un nuevo ejemplo de la gestión caótica y politizada del Ejecutivo central en un asunto de máxima sensibilidad.