Aragón se planta ante la condonación de deuda: una medida arbitraria que castiga a los responsables
El Gobierno de Aragón, liderado por el consejero de Hacienda, Interior y Función Pública, Roberto Bermúdez de Castro, ha presentado alegaciones al anteproyecto de ley de condonación de deuda propuesto por el Gobierno central.
El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón.
Esta decisión, que busca incluir a Aragón en el sistema de financiación autonómica, responde a una medida que el Ejecutivo aragonés califica de "arbitraria" y "discriminatoria", en línea con las críticas que desde sectores conservadores se han vertido contra las políticas económicas del Gobierno de Sánchez.
El anteproyecto de ley, impulsado por el Ejecutivo central, plantea la condonación de hasta 83.252 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas, de los cuales 2.124 millones corresponderían a Aragón, aproximadamente el 23% de su deuda total. Sin embargo, el Gobierno de Jorge Azcón considera que esta propuesta no solo carece de equidad, sino que penaliza a las comunidades que han gestionado sus finanzas con responsabilidad, como es el caso de Aragón.
Una condonación que premia la mala gestión
Desde el Ejecutivo aragonés se argumenta que la condonación propuesta beneficia de manera desproporcionada a comunidades con mayores niveles de endeudamiento, muchas de las cuales han incurrido en déficits estructurales por una gestión poco rigurosa. En cambio, regiones como Aragón, que han mantenido un control más estricto de sus cuentas, se ven perjudicadas al no recibir un trato proporcional en el reparto de los fondos. Esta percepción de injusticia ha llevado al Gobierno autonómico a exigir que cualquier condonación se enmarque dentro de una reforma integral del sistema de financiación autonómica, garantizando criterios objetivos y transparentes.
Roberto Bermúdez de Castro ha sido claro en su mensaje: la condonación no puede convertirse en un cheque en blanco que recompense la irresponsabilidad fiscal. En su comparecencia, el consejero ha subrayado la necesidad de que las medidas económicas del Gobierno central respeten a las comunidades que han hecho los deberes, evitando que se genere un precedente que desincentive la disciplina presupuestaria en el futuro.
La financiación autonómica, el verdadero debate
El Gobierno de Aragón no se opone a la condonación en sí, sino a su diseño actual, que consideran improvisado y carente de consenso. En este sentido, las alegaciones presentadas buscan que la medida se integre en un marco más amplio de negociación sobre la financiación autonómica, un tema pendiente desde hace años y que sigue generando tensiones entre el Estado y las comunidades. Aragón defiende que cualquier alivio de la deuda debe ir acompañado de un sistema que garantice la igualdad de trato y la sostenibilidad financiera a largo plazo.
El consejero ha insistido en que la propuesta del Gobierno central no aborda las necesidades reales de las comunidades menos endeudadas, que, paradójicamente, podrían acabar asumiendo una carga fiscal indirecta para compensar las condonaciones de otras regiones. Esta crítica se alinea con la postura de otras comunidades gobernadas por el PP, que han alzado la voz contra lo que consideran un trato de favor hacia regiones afines al PSOE o a sus socios de investidura.
Un mensaje claro: responsabilidad y equidad
La postura de Aragón refleja un compromiso con la responsabilidad fiscal y la defensa de los intereses de sus ciudadanos. El Gobierno de Azcón no está dispuesto a aceptar una medida que, lejos de solucionar los problemas estructurales de la financiación autonómica, podría agravar las desigualdades entre territorios. Las alegaciones presentadas son un paso firme para exigir un debate serio y transparente sobre cómo se distribuyen los recursos en España, evitando que decisiones políticas coyunturales primen sobre el interés general.
En un contexto de creciente polarización, la posición de Aragón pone de manifiesto la necesidad de un pacto de Estado que aborde la financiación autonómica con criterios objetivos, sin castigar a quienes han gestionado con prudencia ni premiar a quienes han dilapidado recursos. Como ha señalado Bermúdez de Castro, "los aragoneses no pueden pagar el precio de una mala gestión ajena".
