Asociaciones de la Guardia Civil exigen protección para la UCO ante presiones políticas
Las asociaciones representativas de la Guardia Civil han emitido un comunicado exigiendo al Ministro del Interior y a la Directora General que condenen públicamente las presiones contra la Unidad Central Operativa (UCO), denunciando una falta de liderazgo y compromiso con la defensa de la institución.

Agente de la UCO de espaldas.
Las asociaciones profesionales representativas de la Guardia Civil han mostrado su preocupación por las presiones injustificadas a las que se está sometiendo a la Unidad Central Operativa (UCO) por parte de personas encausadas, mediadores políticos o incluso desde el propio Gobierno. En un comunicado emitido este 4 de junio de 2025, instan al Ministro del Interior y a la Directora General a condenar explícitamente estas prácticas, subrayando que el silencio de ambas figuras no es neutral y deja a los miembros de la UCO en una posición de vulnerabilidad.
Las asociaciones destacan la necesidad de proteger la independencia de la Guardia Civil a toda costa, recordando que esta institución es una de las más valoradas por los ciudadanos por su rigor, solvencia y profesionalidad. El comunicado enfatiza que, en un Estado de Derecho, no deben existir distinciones en la aplicación de la Ley, y que las presiones sobre la UCO, incluidas las noticias falsas, contravienen este principio.
El texto también critica la falta de liderazgo y compromiso por parte del Ministro del Interior y la Directora General, afirmando que la Guardia Civil debe estar por encima de intereses espurios. Las asociaciones reclaman una actuación urgente para garantizar que todos los ciudadanos sean tratados en igualdad de condiciones, sin favoritismos ni distinciones.
Este posicionamiento se produce en un contexto en el que la UCO ha sido objeto de scrutiny por investigaciones que afectan a figuras políticas, generando tensiones internas y externas. Las asociaciones insisten en que la protección de la independencia de la institución es una tarea que corresponde tanto al Ministro del Interior como a la Directora General, y que su inaction no solo pone en riesgo la integridad de los agentes, sino también la confianza de los ciudadanos en la Guardia Civil como garante de la legalidad.
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