Veterinarios claman contra la nueva ley de Salud Pública: “El Gobierno nos trata como delincuentes”
La Confederación Empresarial Veterinaria Española (CEVE) denuncia que la Ley de la Agencia Estatal de Salud Pública siembra “confusión e incertidumbre” y favorece a las farmacias en detrimento de los veterinarios, los únicos expertos en salud animal. Una normativa que, según ellos, pone en riesgo el bienestar de millones de mascotas y la salud pública.
Archivo - Concentración de veterinarios.
Los veterinarios españoles están en pie de guerra. La reciente aprobación en la Comisión de Sanidad del Congreso del Proyecto de Ley que crea la Agencia Estatal de Salud Pública ha desatado una ola de indignación en el sector. La Confederación Empresarial Veterinaria Española (CEVE), liderada por su presidente Sebastià Rotger, no ha dudado en calificar esta norma como un “intento más de proteger al sector farmacéutico” a costa de los profesionales veterinarios, a quienes el Gobierno parece tratar como “delincuentes por sistema”.
Para los veterinarios, esta ley no solo genera “confusión e incertidumbre”, sino que pone en jaque el acceso a medicamentos esenciales para los animales y, con ello, la salud de las familias que conviven con ellos.
El texto, aprobado con un ajustado margen de 19 votos a favor y 18 en contra, y ahora en trámite en el Senado, incluye una disposición que obliga al Ministerio de Agricultura a dialogar con el sector veterinario en un plazo de seis meses para revisar el polémico Real Decreto 666/2023. Sin embargo, para CEVE, esta promesa es insuficiente. “No vemos voluntad política real. El RD 666/2023 se redactó ignorando nuestras aportaciones y ha agravado una situación ya desconectada de la realidad social”, lamenta Rotger.
Este decreto, según los veterinarios, ha complicado el suministro de medicamentos, que hasta finales de 2024 cubría el 75% del mercado de animales de compañía a través de centros veterinarios sin problemas de accesibilidad para los usuarios.
Lo que más duele al sector es la percepción de que se les despoja de su autoridad como únicos profesionales formados en salud animal. “El Gobierno prefiere confiar la dispensación de medicamentos a farmacéuticos con mínima formación en este ámbito, cuestionando nuestra ética y presunción de inocencia”, denuncia Rotger. Además, critican la insistencia en mantener el sistema PRESVET, una plataforma de prescripción electrónica que, según CEVE, genera una “sobrecarga administrativa” y ha llevado a un “síndrome de estrés severo generalizado” entre los veterinarios.
La patronal exige su eliminación y reclama un modelo que garantice acceso ágil a medicamentos, dispensados por profesionales capacitados y en envases ajustados al tratamiento para reducir el impacto ambiental.
Pese a valorar la creación de una Subcomisión de Sanidad para debatir la situación del sector, CEVE desconfía de los plazos y resultados. “Si no se aprueba una nueva Ley del Medicamento esta legislatura, será catastrófico para nosotros y para la sociedad, donde el 48% de los hogares tienen mascotas”, advierte Rotger. Los veterinarios se sienten abandonados, especialmente tras el rechazo a una propuesta de Junts que, según ellos, habría resuelto sus demandas históricas.